"Ministra de Salud debe informar por qué no se aprueba protocolo para el aborto terapéutico"

Llaja sostiene que no aprobar el aborto terapéutico en nuestro país causa un grave perjuicio tanto para la madre gestante como para el médico que atiende el embarazo. “Existe una suerte de incertidumbre en los médicos, y las mujeres van a estar sujetas a la arbitrariedad de estos. Los que reconozcan los derechos de las mujeres van a tener dudas de intervenir conforme a la ley”.

Asimismo sostiene que existen dos derechos fundamentales de las mujeres que se están vulnerando: el derecho a la vida y el derecho a la salud. “El protocolo busca reglamentar el aborto terapéutico, que es la interrupción del embarazo para salvar la vida, es decir el derecho a la vida; o para evitar un mal grave y permanente en la salud de la mujer gestante, es decir, el derecho a la salud”, explica.

Adicionalmente, admite que al omitir el protocolo para el aborto terapéutico, la autonomía de la mujer también se quebranta. “El Código Penal establece que en función a la prescripción médica, es la mujer la que debe asumir finalmente, cuál es la decisión que se tomará ”, precisó Llaja.

Con respecto a los derechos del concebido, Llaja afirma que, efectivamente, este “es un sujeto de derechos de acuerdo a la Constitución peruana de 1993”. Sin embargo, refiere que “no es persona de acuerdo a nuestra legislación”.

En esa línea detalla que, “el Código Civil dice que alguien no nacido no es persona, en cambio la mujer gestante sí lo es”. Y al no aprobarse la guía para una intervención de aborto terapéutico, “se valora más el derecho a la vida de un sujeto de derechos, frente al derecho de una vida de la persona ya hecha”.

Caso K.L.

En el 2005, el Comité de Derechos Humanos de la ONU responsabilizó al Estado peruano por haber vulnerado los derechos de K.L., una madre adolescente gestante, pues no se le realizó un aborto terapéutico, a pesar de que el concebido era un feto anencefálico (una malformación cerebral congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo, y cuero cabelludo) que falleció a los cuatro días de nacido. Esto significó un grave riesgo físico y mental para K.L.

En la resolución, sostiene Llaja, el Comité invoca a que “casos como el de K.L. no deben repetirse”. Explica que “en cada caso concreto, donde se identifique fetos que van a morir durante el embarazo, en el parto, o inmediatamente después, debería evaluarse la posibilidad de practicar el aborto terapéutico”. Por tal motivo, al no aprobarse la guía para el aborto terapéutico, el Estado incumple obligaciones internacionales.

Además, sostiene que existe un costo importante y real que sufren las madres gestantes. “En el 2006, DEMUS empezó a pedir información a los hospitales, y ya habían más de ochenta casos registrados en los que gestantes que tenían fetos inviables habían procedido con el embarazo, pese a los riesgos que esto conllevaba”.

Costo político

Por último, Llaja exhortó al Parlamento peruano a que cumpla con su función de fiscalizar al Ministerio de Salud. “Podríamos hablar de responsabilidad política; en ese sentido, el Congreso debe llamar a la ministra (Midori de Habich) para que informe sobre esta situación”.

Asimismo, la especialista recalcó que los argumentos jurídicos sobran para que se apruebe el protocolo del aborto terapéutico. “Lo que pasa es que muchas veces el derecho se ve condicionado por razones políticas, por presión de grupos conservadores, y fundamentalmente por las autoridades que no quieren enfrentarse a estos sectores”, concluyó.