De hecho, del mismo modo que un precandidato municipal protagonizó un incidente con una policía, hay miles de choferes que ofrecen resistencia a la autoridad. Lo que no queda del todo claro es si estas personas sabían que protagonizar este tipo de actos podría conllevarles una pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de cuatro años. 

En ese contexto, cabe destacar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181), donde se detallan las obligaciones y sanciones al respecto. Por ejemplo, en su artículo 82 ordena que un chofer “está prohibido de conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, drogas, estimulantes o cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo”. 

Asimismo, el conductor está obligado a someterse a las pruebas que solicite la Policía para descartar o confirmar un presunto estado de intoxicación. Hay que agregar que la negativa a realizar este examen establece la presunción legal en contra del intervenido, es decir, se sobre entenderá que este no pasó la prueba, debido a que sí estuvo en estado de ebriedad o afectado por algún estupefaciente. 

La mayoría de personas al volante sabe que el grado alcohólico máximo permitido es de 0,50 gramos por litro de sangre y esto se comprueba a través del test de alcoholemia; sin embargo, hay otros exámenes – de equilibrio y coordinación corporal- que también determinan el estado de las personas. Una de estas es “andar con los ojos vendados o cerrados y los brazos en alto, poniendo un pie justo delante del otro, sobre una línea recta”. Todo un desafío, sin duda. 

Por la vía administrativa, las personas que cometan infracciones y desacaten el reglamento de la Ley 27181 podrían ser pasibles de una multa, suspensión o cancelación de la licencia de conducir e incluso la inhabilitación del conductor. 

El panorama se complica cuando un piloto (sobrio o ebrio) se niega a la realización del examen de alcoholemia o despistaje de droga porque podría incurrir en el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 268 del Código Penal. 

“Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel, porcentaje o ingesta de alcohol, drogas toxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas; la pena privativa de la libertad será no menor de seis meses ni mayor de cuatro años o prestación de servicios comunitarios de 70 a 140 jornadas”, precisa el referido artículo. 

La situación se vuelve más complicada cuando el intervenido, presumiblemente al volver de alguna celebración, ocasiona un accidente. En este caso a los delitos mencionados podría ser acusado por poner en peligro a las personas, lesiones culposas e incluso homicidio.