A partir de la lectura del documento enviado desde Chile, Castillo adelantó que pedirá ante el Poder Judicial del Perú una revisión de la condena contra su patrocinado, con el fin de anular esta sentencia y, en un caso extremo, conseguir que su defendido sea absuelto. 

A pesar de que no existe fecha para la presentación de este pedido, algunas voces se han expresado en contra de su viabilidad. Es el caso del procurador Anticorrupción, Cristhian Salas, quien ha afirmado que el recurso legal de la defensa de Alberto Fujimori será “uno más de los tantos pedidos rechazados”. 

En la misma línea, su antecesor, Julio Arbizu, señaló que el abogado de Fujimori “está vendiendo humo”. Los jueces que condenaron al ex jefe Estado, por su parte, afirmaron mediante un comunicado que su dictamen “cumplió plenamente con las exigencias” de la extradición y “no procede ninguna acción de revisión, por lo que su admisión y procedencia en cualquier supuesto distinto deviene en ilegal y configura delito de prevaricato”. 

La respuesta de Villa Stein no se hizo esperar. En declaraciones a un medio de comunicación, el juez dijo que “nunca he sido ni soy fujimorista. Lo que pasa es que no me he sumado a la ‘caviarada’ que, después de haber trabajado con Fujimori, lo persiguieron para desmarcarse”.

Una vez sea presentada, la solicitud ingresará a la mesa de partes del Poder Juridicial. Luego mediante un sorteo electrónico aleatorio se definirá qué sala de la Corte Suprema la revisará. En este caso, existen dos opciones: la Sala Penal Permanente, encabezada por Villa Stein, y la Sala Penal Transitoria, presidida por César San Martín Castro, el mismo magistrado que condenó a Fujimori. 

Para hacer transparente el proceso y ante las voces que alertan una maniobra sospechosa de la defensa de Fujimori, la Corte Suprema ha dispuesto que la Oficina de Control Interno del Poder Judicial esté presente al momento del sorteo electrónico. De esta manera se busca evitar posteriores cuestionamientos. 

Sin embargo, en el caso de que la determinación aleatoria determine que el pedido lo resuelva la Sala Penal Transitoria – integrada por César San Martín junto a los magistrados Víctor Prado y Hugo Príncipe- lo más probable es que sus miembros se inhiban, pues son los mismos jueces que sentenciaron a Fujimori a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. 

Debería formarse, entonces, un colegiado especial de cinco miembros de otros tribunales de la Corte Suprema. Sin los mencionados San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo ni tampoco los magistrados Rodríguez Tineo, Neyra Flores, Barrios Alvarado, Biaggi Gómez, Barandiarán Dempwolf, quienes conformaron la sala que resolvió la apelación. 

Los únicos que quedarían habilitados para serían Villa Stein, Pariona Pastrana, Cevallos Vega y Salas Arenas. En consecuencia, la sala revisora, que necesita cinco miembros, solo contaría con cuatro hábiles –si es que no se recusa o se inhibe a uno de los anteriormente nombrados-. En ese caso, se tendrá que recurrir al menos a otro juez supremo –no especialista en penal, en principio-, para completarla. 

La conclusión, por tanto, parece evidente: por más control que se ejerza sobre el sorteo aleatorio sobre qué sala revisará el pedido –lo cual, por otra parte, indica una grave desconfianza del Poder Judicial sobre su mismo funcionamiento–, Villa Stein formará parte de esa sala. De alguna manera, sí o sí, él será el encargado de ver el caso. 

Es necesario precisar que conforme a la Resolución Administrativa N° 001-2014-P-PJ, publicada el 03 de enero del 2013, la conformación actual de las salas supremas penales es la siguiente: 

1.- Dr. Javier Villa Stein (Presidente) 

2.- Dr. Josué Pariona Pastrana 

3.- Dra. Elvia Barrios Alvarado 

4.- Dr. José Antonio Neyra Flores 

5.- Dr. Luis Alberto Cevallos Vega Sala 

1.- Dr. César Eugenio San Martín Castro (Presidente) 

2.- Dr. Víctor Roberto Prado Saldarriaga 

3.- Dr. Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo 

4.- Dr. Jorge Luis Salas Arenas 

5.- Dr. Hugo Príncipe Trujillo

La resolución administrativa Nº 169-2011-CE-PJ es la encargada de establecer el procedimiento a seguir en casos de vacancia, licencia u otras circunstancias análogas para la conformación de Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República