La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Perú ante la Corte IDH por la detención ilegal y arbitraria en 1994 del entonces juez superior provisional de Huánuco, Luis Galindo Cárdenas, quien permaneció incomunicado y privado de su libertad durante 31 días en la Base del Ejército de Yanac. 

Como recuerda el diario La República, el ex magistrado fue obligado a firmar un acta de acogimiento a la Ley de Colaboración con la Justicia y el entonces presidente Alberto Fujimori lo presentó ante la prensa como un ejemplo de la infiltración de Sendero Luminoso en la Corte Superior de Huánuco y la universidad Hermilio Valdizán. 

Galindo Cárdenas se había presentado voluntariamente al local militar al enterarse de que un arrepentido lo acusaba de ser miembro de Sendero Luminoso por haber defendido -en calidad de abogado- a un detenido por terrorismo. 

El ex juez fue interrogado por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nelida Colán, pero fue liberado y nunca se presentaron cargos en su contra. La Comisión concluyó que el Estado peruano afectó la prohibición de irretroactividad al haber criminalizado el ejercicio de la abogacía. 

Cabe mencionar que la familia del ex magistrado fue presionada a no presentar una demanda de habeas corpus contra los militares que lo tenían cautivo, con la amenaza de que si lo hacían nunca saldría en libertad.