Un proyecto de ley presentado ante el Congreso busca impedir, aprovechándose de la profesión u oficio, un servidor público atente contra el Estado. La iniciativa legislativa propone duplicar el plazo máximo de la pena de inhabilitación para todo aquel funcionario que cometa delitos contra la administración pública. 

Como se conoce, el Código Penal aplica una inhabilitación de seis a diez años al servidor público que cometa delito contra la Administración Pública; sin embargo, dicho proyecto de ley va más allá, y busca que ese tiempo de impedimento sea aumentado a veinte años. Por tanto, con la propuesta se busca disuadir los delitos de corrupción que atentan contra la administración del Estado, y modificarse el artículo 38 del Código Penal (duración de la inhabilitación principal)

Entiéndase que la comisión de los delitos previstos para la aplicación de dicha propuesta son el cobro indebido, patrocinio ilegal, peculado, malversación, soborno, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros; es decir, los que figuran en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII del Código Penal.  

La presente iniciativa legislativa cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, y además se encuentra incluida en la agenda del Pleno, lista para ser debatida y aprobada. 

Lea el texto del dictamen aquí.