En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), la prestación que cada uno percibirá va a depender del fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización.  

El problema se presenta cuando no sabemos exactamente hasta qué edad viviremos. Si una persona se jubila a los 65 años, vive hasta los 75 y tiene un fondo de S/.180,000, puede recibir unos S/.1,500 mensuales por el resto de sus días, pero ¿qué pasa si vive hasta los 85 o los 95? El monto de su pensión tendría que reducirse.

Si finalmente muere a los 80 años, la mitad de su fondo quedó intacto y será entregado a sus herederos, pero el afiliado pudo haber disfrutado -en vida- del doble de su pensión. 

Como no sabemos cuántos años vivirá cada afiliado, es necesario elaborar un modelo teórico que nos permita proyectar las probabilidades de vida y muerte de una población en función de la edad. La Tabla de Mortalidad (TM) es el instrumento que va a permitir fijar el monto de la pensión en atención a dicha proyección. 

Esta es la razón por la cual los datos consignados en la TM deben ser lo más cercano a la realidad nacional, para que las AFP y las compañías de seguro cuenten con una información certera que les permita calcular las reservas de las futuras obligaciones. 

Mediante Resolución SBS N° 309-93 (18/06/1993) se autorizó, para el cálculo de las reservas de los seguros previsionales (invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio), la utilización de las TM chilenas de 1985 (B-85). Esta fue una solución temporal ante la falta de información propia en un sistema previsional que empezaba a funcionar, pero –como suele suceder– esta medida transitoria fue aplicada por muchos años. 

La expectativa de vida en Chile es diferente, pues varía en función a la edad, género, causas de muerte, niveles de pobreza y condiciones socioeconómicas de su población. Si la esperanza de vida es mayor, el monto de pensión es menor, y viceversa, de ahí la necesidad de contar con una TM ajustada a los datos de nuestra realidad. 

En el Perú se utilizaron tres TM diferentes: primero, las tablas chilenas B-85, hasta que por la Resolución SBS N° 354-2006 (21/03/2006) se aprobó el uso de nuevas tablas –también chilenas– con datos actualizados al 2004 (RV-2004), que fueran modificadas posteriormente por la Resolución SBS N° 17728-2010 (28/12/2010). 

Los recientes cuestionamientos al SPP han surgido porque hace algunas semanas la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) prepublicó una TM –que pretendía aplicar a partir de enero de 2016– en la cual determinaba, sobre la base de un informe de Deloitte (España), el aumento de la esperanza de vida para sus afiliados: 87 años para los hombres y 90 para las mujeres. 

Ante la ola de críticas, que llevaron incluso al Superintendente ante el Congreso de la República, el 11/11/2015 la SBS emitió un comunicado informando que se dejaban sin efecto las TM pre-publicadas, para “asegurar una adecuada discusión técnica en un marco total de transparencia que siempre ha caracterizado a la institución”. 

Más allá de las TM en sí, nos preocupa que el tema previsional sea resuelto con medidas parciales, como el proyecto que pretende otorgar el 95% de los fondos a los afiliados de las AFP cuando se jubilen (a los 65 años). Si en países como Australia, donde se les entrega el 100% de los fondos, los suele agotar en un promedio de 10 años, es muy probable que en el Perú esos recursos no lleguen ni al fin de mes, pues no existe una cultura generalizada de ahorro ni de inversión. 

Uno de los principales problemas del SPP es la morosidad del pago de los aportes por parte de los empleadores, que origina la existencia de unos 750 mil procesos judiciales y una deuda en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados que supera los S/. 22 mil millones de soles, que sumado a la informalidad laboral (70% en promedio), impide que la mayoría de peruanos tengan una protección presente y futura en materia de seguridad social. 

La reforma integral del sistema previsional (privado y público) es el bosque en el cual debemos concentrarnos, en lugar de fijar nuestra mirada solo en uno de sus árboles.

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(*) César Abanto Revilla es abogado y Maestro en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Fue asesor legal externo de la Oficina de Normalización Previsional y asociado del Estudio González. Es profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de San Martín de Porres.