El mundo laboral sigue “agitado”. Prácticamente, todos los días recibimos noticias laborales sobre nuevas leyes, sentencias judiciales y del TC, criterios de funcionarios, proyectos de ley, fiscalizaciones laborales, denuncias sindicales y hasta inspecciones de Sunat.

Y las redes sociales tienen también sus manifestaciones laborales diarias a través de protestas a iniciativas legales, denuncias laborales, solidaridad sindical, “likes” a temas laborales que se vuelven tendencia, etc. 

Lo que se aprecia en temas de contratación, remuneración, tiempo de trabajo, desvinculación, seguridad y salud, negociaciones y huelgas es que existe la tendencia a generar precedentes “pro trabajador”:  reposición de trabajadores que devuelven dinero robado (“dolo bueno”),  indemnización por despido en período de prueba  o validez de sindicatos de grupo son ejemplos de ello.

Los sindicatos están creciendo y, con el escenario político del 2016, tendrán más actividad política general y mayor actuación en las empresas.  Durante los primeros cuatro años de gobierno del presidente Humala, la tasa sindical se ha duplicado. 

Actualmente, el Perú ocupa la posición octava más rígida de 140 países en el mundo en contratación y despido (de hecho, cada año hemos ido incrementando el nivel de rigidez, según los estudios del World Economic Forum).  Esto nos resta competitividad global, nos vuelve menos atractivos a nivel regional pues las empresas transnacionales y multilatinas prefieren invertir y concentrar su producción en países vecinos que tienen una regulación más atractiva a favor de la inversión como Chile, Colombia, Panamá, etc.

Ojalá que el nuevo gobierno inicie el 28 de julio de 2016 una nueva etapa donde la protección social (trabajadores y familias con seguro) sea lo más relevante antes que la fiscalización, donde tener la mayor cantidad de trabajadores en planillas con derechos laborales básicos sea más importante que seguir  creando más derechos y comience  una política basada en el diálogo social como el mecanismo esencial de la regulación y las políticas laborales de nuestro país.

La economía y su impacto laboral

El panorama para el año 2016, lamentablemente, no se ve nada bien. De hecho, la desaceleración económica ha impactado en la elevación de la informalidad (supera el 70%), el desempleo (entre 6 y 7%) y subempleo (ha vuelto a niveles de hace dos años).  

Actualmente, las empresas están contratando menos, ofreciendo paquetes de salida, reduciendo los perfiles de las posiciones, suscribiendo contratos temporales ante la crisis, iniciando procesos de suspensiones sin goce de haberes y hasta ceses colectivos. Algunas empresas hasta están dejando de operar en el país por los costos laborales, la rigidez laboral y la ausencia de políticas que estimulen la inversión privada.

El panorama para el 2016 no pareciera nada favorable para los trabajadores ni las empresas. El año que viene será uno con mucho movimiento “político”, que genera retraso o cautela en las inversiones privadas (siendo esto el sustento de la formalidad laboral en el país) y, por ende, las cifras de empleo no mejorarán.  Más todavía, medidas políticas como el mínimo vital o los “services” estarán a la orden del día.  De hecho, la aprobación del retiro de fondos de AFP es una muestra de ello:  las personas retirarán sus fondos acumulados para fines no previsionales y, cuando se queden sin dinero, el Estado los tendrá que proteger con la “pensión 65”.

El potenciamiento de las políticas a favor de lograr el mejor ambiente de trabajo posible es la mejor práctica. Los accionistas, directores y altos directivos deben creer en la gestión humana como la base y esencia del desarrollo. En épocas donde los aumentos se congelan y los bonos se reducen, el “salario emocional” es clave para la retención y desarrollo del talento. Es clave trabajar con los jefes pues sostienen a la organización y lideren con excelencia y respeto.  

El cumplimiento de las normas laborales debe seguir siendo la bandera en la actuación de las empresas.   Las empresas sostenibles son aquellas que no dejan de cumplir con todas las obligaciones aunque vivamos en un sistema de extrema rigidez laboral.

La prevención y gestión de conflictos, la capacitación a jefes en temas laborales, la auditoría laboral, los procesos administrativos estrictos, el almacenamiento de documentación laboral y canales de comunicación adecuados son temas adicionales que no se deben descuidar. Las reglas claras, escritas y difundidas generan un mejor impacto en la ejecución de labores y, en caso de inobservancia, mayor comprensión en la sanción. Además, las reglas deben ser flexibles para permitir una adecuación rápida a los cambios del mercado.

En suma, tendremos un año 2016 movido en temas laborales, con mayores conflictos sociales, iniciativas y leyes populistas (cuando menos en el primer semestre del año) y un endurecimiento de las políticas de las empresas en contrataciones y aumentos de sueldo que impactarán más en el mercado de trabajo.    

Ojalá que el nuevo gobierno revierta toda esta situación laboral desde el 28 de julio de 2016 y se inicie una nueva era a favor de la inversión privada, de creación de empleos seguros y con protección social y donde el diálogo social sea el eje de las políticas laborales.

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(*) Jorge Toyama Miyagusuku es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios. Socio de Miranda & Amado desde el año 2003. Es un especialista en Derecho Laboral y ha sido miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Ha sido consultor laboral del Banco Mundial, BID, USAID, CEPAL y OIT. Es profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de la Universidad de Piura, ESAN, Universidad del Pacífico y de la Academia de la Magistratura.