Ha transcurrido el año 2015 y es oportunidad para hacer un balance general sobre lo que ha acontecido en nuestro medio en materia  de justicia  penal, con la finalidad de señalar los aspectos negativos suscitados al respecto como también aquellos que requieren ser consolidados a futuro siempre en aras de que el sistema en su conjunto sea una verdadera garantía para los ciudadanos sin discriminación de ninguna naturaleza. 

Lo primero que hay que señalar es que se persiste en la apreciación equivocada de parte de las autoridades relacionadas con el sistema de justicia penal, que las instituciones que la integran son entidades que deben operar de forma autónoma e individual y no de manera sistematizada y coordinada como debería ser frente al complejo problema del aumento de  la delincuencia ciudadana, del crimen organizado y otras patologías sociales que tienen atemorizada a la población. Hablamos de instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, que en la práctica no solo velan por sus intereses institucionales o sectoriales, sino que se confrontan pública y mutuamente responsabilizándose indistintamente como los causantes de los problemas agudos problemas que aquejan al sistema en su totalidad. Hablamos de un sistema que debería estar integrado dado que las deficiencias o limitaciones que afectan a una de sus instituciones en términos individuales perjudican y afectan a todo el sistema en su totalidad.  

En otro plano igual como en años pasados se sigue optando en forma irresponsable por la solución más fácil y populista, que no es otra cosa que la constante y permanente modificaciones que se hacen al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales y a otras disposiciones vinculadas al sistema de justicia penal, como si el problema de la prevención delincuencia callejera, la criminalidad organizada, la corrupción y el control social, son temas que se pueden solucionar promulgando o reformulando de manera constante las leyes. Solo el actual Código Penal promulgado en el año de 1991 ha sido modificado hasta la fecha en mas de 500 oportunidades, lo que ha hecho que pierda toda posibilidad de coherencia y sistemática frente a los graves problemas de delincuencia que enfrenta la sociedad, suscitando no solo todo tipo de contradicciones sino lo más grave: una absoluta carencia de garantías mínimas para los ciudadanos en general que siguen desconfiando de la justicia, a la que consideran desfasada de la realidad, arbitraria, incoherente, desproporcionada, injusta y corrupta. 

La reforma del procedimiento penal como resultado de la vigencia de un nuevo Código Procesal Penal, sigue también siendo percibida como una transformación poco creíble, que más ha favorecido a la delincuencia y no ha la sociedad. Las últimas reformas han aumentado el descrédito del sistema de justicia, porque bajo el pretexto de hacer más rápidos los procesos judiciales, en muchos casos no se ha respetado las garantías de los justiciables, a lo que se suma que muchas personas son privadas de su libertad como si se tratara de peligrosos delincuentes, lo cual ha aumentado aún mucho más el descrédito que ya existía sobre el sistema de justicia, dado que se verifica que quienes han cometido delitos graves como tráfico de drogas, corrupción, lavado de activos y sicariato se encuentran en libertad mientras que personas que cometen delitos leves son encarcelados como parte del escarnio social y el escándalo mediático que es el que muchas veces dirime sobre quien es responsable o por el contrario se trata solo de un ciudadano inocente. 

En otras palabras la privación de la libertad se ha convertido en el eje motriz del sistema de justicia penal, soslayándose otro tipo de sanciones que persiguen evitar los graves daños psicológicos que acarrea la prisión para cualquier ser humano, como lo demuestra la cantidad de personas que sin haber realizado delitos graves se encuentran privadas de su libertad, a lo que se suma el hacinamiento carcelario, los procesos judiciales que duran años y la nula posibilidad de rehabilitar a quienes cumplen una pena privativa de la libertad.

Mientras tanto la delincuencia, la corrupción y la ausencia de una justicia creíble, transparente y oportuna, siguen siendo solo algunos de los problemas más agudos que afrontan los ciudadanos y las autoridades, a pesar de todas las reformas legislativas que se hacen y de los escasos recursos económicos que se invierten para tratar en alguna medida de que la  administración de justicia penal en el país mejore, o por lo menos se encuentre a la altura de las circunstancias económicas resultado del crecimiento económico que se señala habría beneficiado al país en los últimos años.