Penas más severas contra delitos de corrupción y el fortalecimiento de los juzgados de flagrancia parecen ser las propuestas más enunciadas por quienes tientan el sillón presidencial para el periodo 2016-2021.

Sin embargo, en un plazo que cada vez más nos acerca a elegir a quien consideremos será el mejor gobernante para el país, se conoce muy poco sobre el detalle de los planes de gestión en razón al Poder Judicial y sus urgentes reformas.

A propósito, LaLey.pe realizó un seguimiento a los planteamientos en materia judicial de los 17 candidatos presidenciales, de los cuales expondremos seis en esta primera entrega.

Orden: red digital para visualizar las notificaciones electrónicas

Para el candidato Ántero Flores-Aráoz, es necesario mejorar la infraestructura de los locales judiciales, además de crear una red digital para la visualización de las notificaciones electrónicas. De otro lado, propone que todas las sentencias que se emitan en el Poder Judicial sean públicas. Así también, se centra en la consolidación de las funciones de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

Sobre los casos de lavado de activos, el candidato propone que el Poder Judicial y las demás instituciones encargadas de las investigaciones trabajen de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo adscrito a la Superintendencia de Banca y Seguros que se encarga de detectar e indagar actos de posible delito financiero a partir de operaciones bancarias sospechosas.

Perú Posible: autonomía para las entidades que componen el sistema de Justicia

Por su parte, la agrupación liderada por Alejandro Toledo, en su apartado “Reforma integral del Sistema de Administración de Justicia”, propone el establecimiento de un presupuesto que permita la autonomía en la administración de cada entidad vinculada al sistema de Justicia del país.

PP también fija dentro de su plan de gestión la reintegración de gastos a jueces de paz, el fortalecimiento de la justicia para las mujeres en casos de violencia física y sexual, y la promoción en el uso del lenguaje propio de poblaciones indígenas al impartir justicia en sus zonas.  En cuanto a la lucha anticorrupción, el partido del expresidente propone el incremento de penas efectivas y la eliminación de beneficios penitenciarios para casos de corrupción, así como inhabilitar políticamente a quienes cometan estos delitos.

Alianza Popular: oralidad en los procesos de alimentos y de tenencia

Alianza Popular, conformada por el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, plantea como tarea de gobierno la implementación de un módulo de justicia para interconectar al Ministerio Público con el Poder Judicial a fin de agilizar el funcionamiento de los distritos judiciales del país.

De otro lado, el grupo que lanza a Alan García como candidato presidencial promete medidas que garanticen la cobertura total de las plazas titulares para jueces y fiscales, revirtiendo así el alto grado de provisionalidad en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Asimismo, se propone fortalecer la Academia de la Magistratura a fin de capacitar a jueces y fiscales para su especialización en la docencia.

Otra propuesta es la de capacitar en litigación oral e investigación a los jueces y fiscales para el correcto cumplimiento de los procesos inmediatos por flagrancia. Además, el equipo de Alan García plantea impulsar la oralidad en los procesos de alimentos, de régimen de visitas y de tenencia, así como la celeridad en los juicios de filiación.

Democracia Directa: fortalecimiento de las rondas campesinas

Por su parte, el candidato Gregorio Santos prioriza el fortalecimiento de la sociedad civil en la administración de justicia en casos de delito común a través de las llamadas rondas campesinas.

Para ello, propone legalizar la conformación de estos grupos y liberar de juicios a quienes los hayan integrado para así, a su criterio, garantizar la reducción de la inseguridad ciudadana. Para sostener esta propuesta, el candidato y su agrupación Democracia Directa explican la crisis de credibilidad a la que ha llegado el actual Sistema de Justicia.

Peruanos Por el Kambio: redefinir las funciones de la Corte Suprema

Quien también propone el fortalecimiento de la justicia comunal y rondera es Pedro Pablo Kuczynski  a través de su plan de gestión con su agrupación política Peruanos por el Kambio. Sin embargo, el candidato también se enfoca en la justicia de paz no letrada, ofreciendo ampliar sus funciones a fin de que revisen, a modo de primera instancia, casos en materia civil y de familia.

Por otra lado, PPK plantea redefinir las funciones de la Corte Suprema de Justicia así como reducir la sobrecarga procesal. Además, el equipo promete la presencia de por lo menos un juez de paz letrado en las comisarías de los diferentes distritos de Lima y Callao. Finalmente, propone la especialización de jueces contralores y la intervención directa del presidente de la Corte Suprema a fin de resolver casos de corrupción que se presenten al interior del Poder Judicial.

Acción Popular: cuatro años de mandato para el Presidente del PJ

El equipo de Alfredo Barnechea, candidato a la presidencia por Acción Popular, presenta un plan de gobierno con la denominación “Reforma del Sistema de Justicia”, que propone aumentar el periodo de mandato del presidente del Poder Judicial (que actualmente dura dos años) a cuatro años y que, terminado este plazo, el extitular será designado automáticamente como presidente de la sala de su especialidad.

Otra propuesta es la de fijar como obligación del CNM y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se elimine la provisionalidad de jueces y fiscales. También se propone fortalecer los juzgados de paz en zonas de difícil acceso a la Justicia y difundir el uso de lenguas nativas en los procesos judiciales donde sus involucrados las utilicen como principal herramienta de comunicación.

Asimismo, el partido de Barnechea menciona como tarea de su gestión garantizar mayor velocidad y difusión al expediente electrónico, la firma digital, los juicios por videoconferencia y la notificación electrónica como medidas de modernización del sistema judicial. De otro lado, AP promete crear un juzgado de flagrancia por cada distrito judicial e incorporar jueces especializados en las comisarías de las capitales provinciales a nivel nacional. Además, fijará un plazo de 90 días que correrá a partir del 28 de julio de 2016 para que tanto el presidente de la Corte Suprema como el fiscal de la Nación propongan un plan de reducción de la sobrecarga procesal y la lentitud de los procesos.