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En el Perú no existen leyes ni protocolos que aborden el embarazo infantil

En el Perú no existen leyes ni protocolos que aborden el embarazo infantil

Pese a que cifras sobre maternidad infantil crecen anualmente en Latinoamérica, el Estado peruano no ha implementado políticas públicas, protocolos ni legislación penal que proteja los derechos sexuales y reproductivos de las niñas menores de 14 años que son víctimas de violación sexual con subsecuente embarazo.

Por Ana Bazo Reisman

miércoles 30 de marzo 2016

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Cada año a nivel mundial, cerca de dos millones de niñas menores de 15 años se convierten en madres. Solo en las regiones de Latinoamérica y el Caribe, se registra un promedio de 60 mil casos anuales. De mantenerse la tendencia, la cifra total de partos infantiles llegaría a tres millones para el año 2030. Así de alarmantes son los datos que arroja un reciente estudio realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

El informe, titulado “Niñas Madres: Embarazo y Maternidad Infantil Forzada en América Latina y el Caribe” analiza las realidades de catorce países –Perú, entre ellos– en donde no existe estadística oficial suficiente para visibilizar esta problemática ni legislación inclusiva para las víctimas.

Vale destacar que, a diferencia de algunos países ajenos al estudio y en los que los matrimonios o las uniones de hecho con niñas y su consiguiente formación de familia son legales, la causa principal de los embarazos y la maternidad en niñas latinoamericanas es la violencia sexual, siendo el perpetrador, en su gran mayoría, un pariente o conocido. Además del daño emocional, físico y psicológico de la violación, en todos los casos, las niñas experimentan el doble del riesgo promedio a morir durante el parto o quedar gravemente afectadas en su salud luego de dar a luz. 

En un conversatorio respecto de los hallazgos del estudio, Betsey Valdivia, integrante regional del Cladem en Perú, sostuvo que, en casos de embarazo y maternidad forzados en niñas existen tres tipos de violaciones a sus derechos: “La primera violación ocurre, obviamente, al imponerle a la menor una relación sexual no deseada. La segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo no buscado. La tercera se presenta como consecuencia de la segunda y ocurre cuando la niña es obligada a ser madre contra su voluntad”.

¿Cómo responde el Estado?

«En aquellos países [Perú, por ejemplo] donde no hay programas de Educación Sexual y donde se prohíbe la interrupción del embarazo, el control de los cuerpos de las niñas se traslada al Estado», señala el estudio.

Es preciso recordar que, en el ordenamiento penal peruano, mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es considerado, sea cual sea la circunstancia, delito de violación sexual. Bajo este criterio, el Código Penal vigente establece dos tipos de pena.

En caso de que la víctima sea menor de diez años, corresponderá imponer la cadena perpetua para el violador. De otro lado, si la víctima tiene entre diez y 13 años, la pena rondará los 30 y los 35 años de prisión efectiva. Por su parte, también se castiga con cadena perpetua al violador de la menor cuando este guarda vínculo familiar con la víctima.

De estos casos denunciados en el país, incluidos aquellos en los que las víctimas son mujeres adolescentes o adultas, más del 90% acaba en la impunidad, mientras que otros simplemente no se denuncian. “Ninguno de los países estudiados cuenta con estadísticas nacionales, desagregadas por sexo y edad de las denuncias de abuso sexual. Tampoco puede medirse cuántas de esas denuncias son investigadas judicialmente, ni cuántos de esos procesos judiciales terminan en sentencias”, explica el estudio.

Sin embargo, ahí no concluye el problema, pues no existe una legislación penal lo necesariamente amplia para hacerle frente al embarazo y maternidad infantiles como producto de ese delito. A través de este análisis, el Cladem señala que, así como en el sector Justicia, tampoco existen políticas públicas, protocolos ni guías para proceder en los sectores de Salud o Educación.

Propuestas del Cladem

Sobre esto, el informe destaca que el Estado peruano tiene el deber de atender la problemática a fin de prevenir estas situaciones en niñas y sugiere que el obligar a una niña a llevar un embarazo sea declarado un acto de tortura, trato cruel, inhumano o degradante, según los casos, en la legislación.

Como se conoce, el Perú forma parte y ha suscrito dos importantes tratados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Uno de ellos es el de la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No obstante, la figura visibilizada por el informe no ha motivado, en los años subsiguientes, ningún debate o propuesta legislativa a favor de las víctimas.

Esto, según las conclusiones del Cladem, conllevaría a incorporar como delitos el embarazo infantil forzado y la maternidad infantil forzada en el Código Penal «sancionando a todas aquellas personas que impidan, obstaculicen o demoren la toma de decisiones informada por parte de la niña, cuando ésta esté en condiciones de formarse un juicio propio» para así contribuir a la desnaturalización de ambas figuras.

De otro lado, se postula que, «en caso que deba albergarse a las niñas en una institución, su alojamiento y tratamiento deberá cumplir con los estándares de derechos humanos. Deberá aplicarse la debida diligencia para asegurar que la niña no ha sido confinada contra su voluntad o la de su familia». Asimismo, la organización propone que todos los albergues de atención privada para madres menores de 14 años tengan cierto control o supervisión por parte del Estado y así garantizar que las condiciones son las más adecuadas.

Finalmente,  el Comité sugiere que, en «los casos en que los esfuerzos de prevención no hayan dado resultado, se deberán crear programas para las niñas embarazadas y las niñas madres, que sean específicos para su condición de niñas».

 

Niñas Madres: Embarazo y Maternidad Infantil Forzada en América Latina y el Caribe

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