La Defensoría del Pueblo comunicó su preocupación sobre el estado de la población peruana conformada por Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI). En su Informe Defensorial Nº 175, aprobado y publicado este miércoles en el diario oficial El Peruano, la entidad expone los resultados de sus investigaciones respecto de los problemas que diariamente afectan a este grupo minoritario y que, lejos de resolverse, se unen a una falta de políticas públicas y normas dirigidas a su bienestar.

Así, se señala a modo de recomendación para el Congreso de la República aprobar leyes pendientes como la que permite la unión civil entre personas del mismo sexo y la de identidad de género para que personas trans puedan modificar el nombre y sexo que figura en su DNI. Además, se sugiere la inclusión expresa de las personas LGBTI como grupo vulnerable en el Decreto Legislativo Nº 1098, que actualmente rige las funciones y organización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De otro lado, se pide incorporar las categorías de orientación sexual e identidad de género en el Código Penal a fin de que no exista mayor debate sobre la interpretación de las causales de discriminación.

Pero la Defensoría no solo se ha fijado en el Congreso para recomendar ciertos cambios en favor del grupo minoritario. La resolución también está dirigida específicamente al Poder Judicial y a los ministerios de Justicia, Mujer, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, además del Ministerio Público, Reniec, Policía Nacional e INEN.

Dentro de las políticas sugeridas al Poder Judicial se encuentran la incorporación de planes de capacitación en temas de diversidad sexual, reconocimiento de orientación sexual e identidad de género dirigidos a magistrados y auxiliares de las principales especialidades en todas las cortes superiores del país. A su vez, se pide generar un registro de casos donde se identifique agravio a la persona en razón de su orientación sexual o identidad de género para así tener conocimiento estadístico sobre las conductas ilícitas específicas que afectan al colectivo.

En cuanto a los cambios sugeridos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría plantea incluir lineamientos, objetivos y acciones, así como coordinaciones y seguimientos en beneficio y protección de la población LGBTI en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos.

Respecto del Ministerio Público, la entidad señaló que debería capacitarse a todos los fiscales y asistentes del país a fin de adoptar criterios sobre igualdad y no discriminación en torno a la diversidad sexual. De igual manera, se recomienda crear un registro de denuncias sobre casos de específica discriminación por orientación sexual o identidad de género.

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