En las últimas décadas del siglo XX nuestro país vivió un terrible proceso de violencia desencadenado en sus orígenes por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA, quienes perpetraron crueles matanzas que superan todo análisis real. Cómo olvidar la muerte por lapidación de Barbara D’achille, los ajusticiamientos de alcaldes y gobernadores frente a sus familias.

Por su lado, las fuerzas del orden, en respuesta a esta insania, incurrieron en situaciones de uso excesivo de la fuerza cuando no en tortura y asesinato. Todo esto lo volvemos a recordar –los que hemos vivido estas décadas de horror– con el proceso y la sentencia en el caso Accomarca. La reciente sentencia motiva esta reflexión sobre la pregunta: ¿qué hicimos como sociedad, como gobierno?

Todos estuvimos tan asustados por los ataques terorristas que arrasaban el país y no solo con la muerte de todo aquel que se opusiere a ellos, sino también con la destrucción de la nuestra infraestructura, además del impedimento de libre circulación dentro del país. En ese contexto, los gobiernos dispusieron la creación de zonas de emergencia, concedieron las facultades de mantener el orden y luchar contra el terrorismo a la Fuerza Armada. Recordemos también que los fiscales y jueces atemorizados no acusaban o liberaban a los mandos terroristas, situación que dio paso a los «jueces sin rostro» y al juzgamiento en el Fuero Militar, siendo estas medidas recibidas por la mayoría de la población con alivio y calificadas como necesarias.

Así, el sistema instaurado utilizó técnicas proscritas dentro del sistema universal de Derechos Humanos, las cuales nos rebotarían luego en contra por los órganos de supervisión a los cuales el Perú les confirió competencia mediante tratados o protocolos.

En el siglo XXI, en décadas recientes, atestiguamos cómo se tenía que desarmar el sistema de juzgamiento a los terroristas para adecuarnos a estándares internacionales. Hemos visto y seguimos presenciando procesos judiciales que involucran a los mandos político-militares del siglo pasado, enterándonos de la locura que se vivió y aplicando sanciones y penas privativas. Los 20 o 30 años de proceso para llegar a una sanción no regenera las heridas sociales, pues hace sentir entre las partes el sabor de la injusticia en forma profunda y por diversas razones.

Al habernos centrado exclusivamente en la justicia punitiva, es decir, en la aplicación de la sanción y la remisión de los ciudadanos a las cárceles, sentimos un alivio momentáneo. Este alivio desaparece cuando vemos salir libres a los mandos terroristas y sentimos pesar cuando nos enteramos de los crímenes confesos de nuestras fuerzas del orden. Considero que aún no es tarde para iniciar un proceso serio de reconciliación, espacio en el cual la justicia transicional o restaurativa juega un papel esencial.

En efecto, en el modelo de justicia restaurativa solo se suele sancionar en forma fuerte a los líderes de los sectores enfrentados y, para el caso de los demás mandos previa confesión, se prioriza la reinserción del individuo a la sociedad. ¿Qué se exige, entonces? Que diga la verdad, que cuente lo que pasó, que ayude a encontrar los cuerpos de los fallecidos y que pida perdón. Tomémonos en serio, aprendamos del pasado y demos paso a un proceso de justicia restaurativa que nos lleve a un país reconciliado, aprendamos del riesgo que asumió nuestro vecino Colombia.

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(*) Delia Muñoz Muñoz es abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con un Máster en Derecho Internacional Económico. Ocupó el cargo de procuradora supranacional en el Ministerio de Justicia y fue agregada legal del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington D.C., Estados Unidos.