La prohibición del estado de embarazo como condición para la permanencia de las estudiantes en los centros de formación de las Fuerzas Armadas constituye un acto discriminatorio. Así se pronunció, nuevamente, el Tribunal Constitucional, que ya viene resolviendo varios casos del mismo fondo sin que el Ministerio de Defensa evite que ocurran. 

El fallo, recaído en el Expediente Nº 01423-2013-PA/TC, ordena la inmediata reposición de Andrea Celeste Álvarez Villanueva, una joven que fue separada de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) tras dar a conocer que se encontraba gestando.

«La prohibición de acceso a la educación o la expulsión de una estudiante por razón de su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, como también lo puede ser la negativa a contratar a una mujer embarazada o cuando la trabajadora percibe una remuneración inferior a la de un trabajador por un mismo trabajo. Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad de justificar, objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida», señala el Colegiado.

Justamente, la restricción por embarazo rechazada por los magistrados se encuentra aún vigente en los artículos 42 y 49 del Reglamento de los Centros de Formación de las Fuerzas Armadas, por lo que el Colegiado exhorta al Ministerio de Defensa a modificarlo para impedir que su aplicación continúe.

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