En el Pleno Jurisdiccional Civil y Procesal Civil 2016 se ha concluido que “puede declararse la prescripción adquisitiva del dominio sobre bienes de dominio privado del Estado si es que antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 29618 el poseedor ya ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción”.

Mi intención en este breve artículo es plantear una justificación o argumentación a dicha conclusión, con la cual estoy de acuerdo.

El artículo 73° de la Constitución establece que “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles”. Constitucionalmente no existía – ni existe – impedimento para que los bienes de dominio privado del Estado sean adquiridos por usucapión. La restricción vino impuesta con la Ley 29618 (la “Ley”), publicada el 24 de noviembre del 2010.

A partir del 2010, entonces, el Estado goza de una prerrogativa que lo hace inmune frente a los potenciales prescribientes. El momento “bisagra” es la fecha de entrada en vigencia de la Ley: los bienes que al momento de la entrada en vigencia de la Ley eran del Estado se convierten en imprescriptibles; los bienes que al momento de la entrada en vigencia de la Ley no eran del Estado (ya sea porque nunca fueron propiedad estatal o porque habiéndolo sido en un inicio, fueron ganados adquiridos por prescripción por un particular) no se someten a la regla de imprescriptibilidad.

Imaginemos que en el año 1985 “A” invadió un inmueble de dominio privado del Estado. En dicho momento no estaba proscrita la prescripción sobre estos bienes. Luego de haberlo poseído por 10 años de forma calificada[1], “A” demanda judicialmente la prescripción y en el 2005 obtiene una sentencia favorable.

De ninguna manera se podría argumentar que el 2010, producto de la entrada en vigencia de la Ley, el predio se vuelve imprescriptible y por ende “retorna” al patrimonio del Estado. El Código Civil[2] y la Constitución[3] consagran la teoría de los hechos cumplidos: si determinado hecho “X” (prescripción de un bien del Estado) se agotó al amparo de una Ley “A” (“Ley que permite prescribir bienes del Estado”), y luego esta ley “A” es derogada por la Ley “B” (“Ley que prohíbe prescribir bienes del Estado”), no se puede aplicar esta última norma para el hecho “X”, en tanto éste se agotó al amparo de la ley “A”. Por el contrario, si el hecho “X” no se hubiese consumado aún, y en el intermedio entra en vigencia la Ley “B”, entonces ésta sí se aplicará al hecho “X”.

La regla es la aplicación inmediata de la ley: ni aplicación retroactiva de la Ley “B” para un hecho “X” que se agotó antes de su entrada en vigencia, ni aplicación ultractiva de la Ley “A” para un hecho “X” que se inició durante su vigencia pero que culmina cuando aquella ya quedó derogada y está vigente una nueva ley “B”.

Entonces, lo que debemos determinar es cuándo se entiende consumada la prescripción adquisitiva y por ende, a partir de qué momento ésta surte efectos. Salvo mejor parecer, cumplido el plazo prescriptorio el poseedor calificado se convierte en propietario hacia el futuro (la prescripción no opera retroactivamente: no se es propietario desde el día que inició la posesión, sino sólo a partir del cumplimiento del plazo), sin necesidad de contar con una sentencia judicial que reconozca tal hecho.

En el ejemplo propuesto, si la “prescripción adquisitiva” se produjo (y agotó) en un momento en que no existía impedimento legal para prescribir los bienes del Estado (1995), una ley posterior no puede afectar el efecto adquisitivo que se consumó en 1995[4]. Permitir que en el año 2010, la Ley afecte un hecho consumado en 1995, sería una aplicación retroactiva, lo cual está proscrita tanto por la Constitución como por el Código Civil.  

Cambiemos ahora sólo un dato del ejemplo planteado: “A” ha estado en posesión calificada desde 1985 pero nunca demandó judicialmente la prescripción. ¿Hoy podría plantear una demanda que lo declare propietario por prescripción? Este era el caso supuestamente “conflictivo” que el Pleno pretendió resolver.

En realidad la solución es la misma: el hecho de que en el primer caso se haya obtenido una sentencia antes de que entre en vigencia la Ley y en el segundo no, resulta irrelevante. La prescripción opera ipso iure; la sentencia es meramente declarativa (art. 952 CC), en tanto reconoce una situación ya generada, ya ganada. La sentencia que declara la prescripción es útil para que el prescribiente pueda inscribir el derecho a su favor, pero no es el elemento determinante para considerar adquirida la propiedad.

Así ha sido reconocido como doctrina jurisprudencial vinculante en el numeral 5.6 de la Sentencia del IV Pleno Casatorio Civil: si en el proceso de desalojo el demandado alega haber adquirido el bien por usucapión, el Juez deberá valorar las pruebas aportadas, y en caso haya surgido en él la convicción sobre la prescripción invocada (aun sin sentencia), desestimará la demanda de desalojo. Es decir, aun sin sentencia que la declare, la prescripción debidamente acreditada genera efectos.

En conclusión, siempre que se acredite (con o sin sentencia) que la prescripción se consumó antes de la entrada en vigencia de la Ley, la propiedad del prescribiente se vuelve inatacable. Negar ello implicaría sostener que con la entrada en vigencia de la Ley el Estado recupera el dominio de aquello que previamente había perdido, lo cual constituiría un despojo ilegítimo; una expropiación sin amparo en la Constitución.

¿Y qué sucede con aquellas prescripciones que se iniciaron antes de la vigencia de la Ley pero cuyo plazo culminó luego del 2010? Imaginemos que “A” ingresa a un inmueble de dominio privado del Estado el 2006 (antes de la Ley) y cumple los 10 años el 2016 (estando ya vigente la Ley). ¿La demanda de prescripción deberá ser amparada?

Considero que no. La razón es la misma que vengo comentando: si al momento de la entrada en vigencia de la Ley, el bien era del Estado, entonces queda sometido a la regla de la imprescriptibilidad. Es cierto que la prescripción no se gana con la sentencia, sino mucho antes, con el solo paso del tiempo cumpliendo con los requisitos que el CC establece, sin embargo, no es factible hablar de una prescripción ganada a medias o en un 90%. No es que el poseedor con 9 años en el bien tenga un mejor derecho que el poseedor con 1 año en el predio: ambos no han cumplido con el plazo legal, por lo que ambos mantienen su condición de meros poseedores. Antes de cumplir los 10 años no existe una adquisición de propiedad por prescripción, ni para uno ni para otro. Por ello, si – como en el caso recién planteado – la Ley entró en vigencia cuando el poseedor aún no había cumplido en su integridad con el plazo prescriptorio, el bien se vuelve imprescriptible y la demanda debe ser desestimada.

Éstas y varias otras ideas vinculadas al Pleno Jurisdiccional (por ejemplo, la reivindicación vs. accesión de edificación) las desarrollo en el número de Gaceta Civil & Procesal Civil correspondiente al mes de octubre.