El sistema de justicia del Perú es ineficiente y mayormente impredecible desde hace muchas décadas. Se trata del principal déficit institucional de nuestro país que debemos corregir urgentemente si queremos dar un verdadero combate contra la corrupción, una eficaz lucha contra la inseguridad ciudadana y garantizar la seguridad económica y la inversión.

Por eso, es el presidente de la República, obsesionado con agilizar el Estado, quien debe liderar una verdadera reforma de la justicia. Ponerse como objetivo presidencial la desburocratización y el destrabe de las inversiones está muy bien. Pero tan importante como eso –y aún más– es la modernización y el destrabe de la justicia.

Pero esto no se puede lograr si se desconoce la realidad. ¿Sabe el presidente que en el Perú hay juicios que pueden llegar a durar 50 años? ¿Le han informado que en nuestro país hay procesos penales que se llevan adelante por años a un costo de varias decenas de miles de soles en recursos y horas hombre, pero cuyo monto del daño o la reparación civil apenas llegará a mil soles? ¿Conoce el presidente que actualmente en Lima, el principal distrito judicial, están vigentes tres normas procesales penales en forma simultánea? ¿Está informado el presidente que el período de gestión del presidente del Poder Judicial dura apenas dos años, que este maneja una institución gigantesca con mil y un problemas, y con un presupuesto de más de S/3.800 millones? ¿Sabe que ese período tan corto no le permite encarar los problemas estructurales de la institución y que apenas puede administrar el día a día? ¿Sabe que el grado de digitalización y la modernización del parque informático es extremadamente bajo para una institución de este tipo?

Si no lo sabe, la ministra de Justicia debería informárselo y prestar especial atención a este tema porque en él se juega el destino del éxito de su gestión. Porque debería tener claro, como ya lo hemos señalado en más de una ocasión, que prácticamente todas sus promesas de gobierno naufragarán inexorablemente si no se compromete efectivamente a reformar la justicia.

La iniciativa legislativa para modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, presentada por el presidente en su mensaje a la nación, es una propuesta importante, pero no alcanza para una reforma del sistema de justicia, ni siquiera roza el tema. Para decirlo en lenguaje económico, la justicia es un costo, un elevadísimo costo de transacción en las condiciones en que se encuentra. Se trata de un costo que tienen que pagar los ciudadanos y que los actores económicos no siempre están dispuestos a arriesgar.

“Tenemos un Poder Judicial vetusto […] No vamos a ser un país moderno si no cambiamos eso” fueron las palabras del presidente en CADE 2016, que supuestamente implicaban una convicción. Es hora de exigir a los mandatarios que sean consecuentes con lo que dicen y con lo que se comprometen.

Publicado en el diario El Comercio, Sección Opinión, pág. 27, el 01-08-17

(*) Walter Gutiérrez C.
Defensor del Pueblo