La Primera Sala de Apelaciones Nacional anuló la decisión judicial de incorporar a Graña y Montero S.A.A. y GyM S.A, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y JJC Contratistas Generales S.A como investigados por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur.

La decisión de la referida sala, adoptada por mayoría con el voto singular de la juez superior Torre Muñoz y el voto en discordia de la juez superior Condori Fernández, además de revocar el requerimiento de incorporación, declara improcedente el requerimiento fiscal con motivo de investigación de las referidas empresas.

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Sin embargo, el abogado defensor de Graña y Montero, Juan Luis Hernández, indicó que la fiscalía podría interponer un recurso impugnatorio -vía casación- en un plazo de diez días hábiles, o de lo contrario dictar una disposición incorporando a la investigación a las empresas consorciadas de Odebrecht.

Pese a ello, remarcó que, si se encontrase responsabilidad penal en alguno de los exfuncionarios de Graña y Montero, la empresa realizará las reparaciones civiles correspondientes: “El hecho de que Graña y Montero haya sido excluida de la categoría de empresa criminal no (siendo) incorporada como empresa jurídica no tiene nada que ver con que el día de mañana Graña y Montero tenga de indemnizar y reparar de comprobarse el mal actuar de un socio”.

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