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«La pirámide está invertida en el Poder Judicial»

«La pirámide está invertida en el Poder Judicial»

El juez que le enmendó la plana al Congreso con su sentencia a favor de Javier Diez Canseco, puso en aprietos a la Megacomisión que investiga el gobierno de Alan García y frenó la ley sobre el uso de armas, es un hombre de 37 años que se levanta con prisa de su escritorio, ubicado a un extremo de la oficina en el piso 20 de la Corte Superior de Justicia, y nos recibe. El juez provisional del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima rompe el hielo al iniciar esta entrevista (no es usual que lleguen periodistas hasta estas oficinas) al recordar que descubrió su vocación trece años atrás tras presenciar un debate entre jueces superiores. Velásquez reflexiona hoy sobre sus últimos fallos y la administración de justicia en general.

Por Francesca García Delgado

lunes 4 de noviembre 2013

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(FOTOS: ESTUDIO G&F)
¿Cómo nace su vocación por la judicatura?
Al salir de la universidad el año 2000, hice mi Secigra (Servicio Civil de Graduandos) en la Segunda Sala Civil. En esa época trabajaba en una entidad privada e iba a la sala por horas; allí tuve oportunidad de presenciar un debate entre jueces superiores, un debate donde para llegar a un consenso y una decisión los magistrados se basaban en fundamentos jurídicos; me pareció interesante, yo tenía 24 años. Cuando terminó el Secigra y debía regresar a la actividad privada me ofrecieron trabajar en una sala y me quedé; era un joven aventurero (responde entre risas). Me contrataron y en los quince primeros días me mandaron a un juzgado de paz letrado. Allí descubrí que la realidad era totalmente distinta.
¿A qué se refiere específicamente?
Cuando llegué al Juzgado de Paz Letrado de Breña trabajaban con máquinas de escribir y había secretarios que tenían a su cargo escritos de varios meses sin dar cuenta. Eso me chocó porque yo venía de la actividad privada donde todo estaba ordenado y te ponían plazos y metas.
¿Qué hacer para que la administración de justicia se vuelva más eficaz  en zonas donde, precisamente, existen más carencias? 
Desde mi experiencia, he podido ver que la pirámide está invertida en el Poder Judicial. Se debería dedicar más apoyo económico e infraestructura a temas de familia, de violencia familiar, y sexual, y sobre todo en zonas donde un juez de paz letrado tiene limitaciones que le impiden brindar un servicio adecuado.
Comentaba previamente que le resultan interesantes los casos jurídicos con alto trasfondo social. ¿Cómo nace esa inclinación?
Yo trabaja con el doctor Máximo Lagos Abril, un tipo muy valiente y lúcido que  resolvía los casos con sentido común y me decía: “Hugo, ¿para qué está la ley?, mira esa pobre señora le han quitado la casa y aun así no le admiten su apelación”. Yo aprendí que los jueces no solo deben aplicar la ley sino el derecho y el derecho no solo es el precepto normativo sino hay algo más. Recuerdo que el doctor Lagos Abril decía: “eso es injusto y para mí, lo injusto no va”.
¿Es él quien más ha marcado su carrera?
Trabajé con él como con otros magistrados pero creo que él fue quien me guió. Me decía que hay que resolver un caso sin presión, sin miedo a nada y siempre aplicando la justicia; él ingresó a una edad avanzada al Poder Judicial y era un hombre que había trajinado por el mundo y tenía otra manera de ver las cosas. He tenido la suerte de trabajar desde el inicio con magistrados brillantes. En ese momento yo era asesor y había que leer y revisar información para armar la estructura de la decisión judicial. Es ahí donde uno empieza a comprender la forma de ver el mundo del magistrado e interioriza.
¿Cómo fue para usted el cambio de un juzgado de paz letrado a un juzgado constitucional? Las materias y la carga administrativa son distintas…
Siempre he estado preparándome, actualizándome, por más que haya visto temas de familia he estado ligado al tema constitucional. Siempre consideré que el derecho constitucional cubre todo.
[Img #2004]¿Cómo sobrelleva un juez la presión del juicio mediático paralelo?
Respeto mucho a la prensa. Creo que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es la libertad de expresión e información pero un juez para resolver los casos no tiene que escuchar a la prensa; ella tiene su opinión y punto. Un juez, al momento de resolver lo hace de acuerdo a la Constitución y al respeto de los derechos fundamentales. Le puede gustar a la prensa o no.
Durante una cita con periodistas, el presidente de la Corte Superior, Iván Sequeiros, coincidió en que un juez debe decidir sin presiones pero admitió que son muchos quienes fallan para “evitarse problemas” ante la opinión pública. ¿Cómo ser realmente imparcial en una causa?
Mi manera de ver las cosas es siempre desde la perspectiva de la Constitución, de ser garante de los derechos fundamentales de las personas. En un caso hay personas pero no deben existir nombres. Yo resuelvo de esa forma, resuelvo sobre los hechos, sobre lo que las partes han alegado y sobre la base de la jurisprudencia del tema; ese es mi marco.
¿Sintió presión por el fallo a favor del amparo del ex presidente Alan García?
Ninguno; ya tenía como antecedente el caso de Javier Diez Canseco en el que un grupo de personas dijo que la resolución era correcta jurídicamente y quienes dijeron que no, que me había excedido, que había cometido prevaricato. Entonces, cuando me tocó ver y analizar el caso de García sabía lo que venía. La crítica no va a influenciar en mi decisión.
Cuando falló sobre el amparo de Javier Diez Canseco, hubo críticas ácidas. El congresista Mauricio Mulder llegó a calificarlo de “payaso”…
Curioso, a veces uno piensa de una manera porque no está en el lugar del otro. Al congresista Mulder lo respeto mucho, es un político de carrera. Uno es a veces un poco vehemente pero ese comentario no me hace ni mejor ni peor.
Estos choques entre lo jurídico y político se dirigen al debido proceso parlamentario. ¿Estamos en una época en que lo jurídico devora a lo político, cómo cuando el derecho privado fue absorbido por el derecho constitucional?
Lo que debemos entender es que en este estado de cosas debemos tener como horizonte el respeto del derecho de las personas. Hemos pasado épocas dramáticas donde por no privilegiar los derechos de las personas se cometieron excesos. Aunque no nos guste que un juez pueda inmiscuirse en instituciones públicas que se creen fuera del control, alguien por mandato de la ley tiene que hacer justicia cuando se cometen excesos.
¿Estamos viviendo la superposición de lo jurídico frente a lo político?
Los jueces no vamos a impedir que a una persona la sancionen. Si una persona cometió una infracción debe ser sancionada pero para llegar a eso hay que seguir un debido proceso. No nos olvidemos que el Perú ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Castillo Petruzzi por el juzgamiento con jueces sin rostro. Yo voy a ver si el procedimiento es puro, si es debido o no. No te estoy diciendo “no sanciones”, solo que se respeten las reglas mínimas. Tengo la suerte de haber trabajado por magistrados que decían hay que resolver sobre el fondo, nada de nulidad.
¿Qué tan importante es el respaldo de sus superiores ante un fallo? ¿Cuándo se emitió el fallo sobre Diez Canseco el Poder Judicial le dio un espaldarazo pero en el caso de García hay una claro silencio?
Siempre es importante que los órganos de gobierno respalden la decisión de un juez pero en realidad ese es un tema de la administración misma, queda en los consejeros si emiten o no opinión. En el caso de JDC los ataques iban más a la institución; en ese momento también salió el tema de La Parada, con el fallo del juez Malzon Urbina; ellos consideraron que debían pronunciarse. El otro tema no fue tan controvertido porque los elementos que lo sustentaban eran más sólidos.
[Img #2005]¿Cuáles son las similitudes y diferencias en los amparos del caso JDC y García?
Ambos se vinculan al debido proceso y en ese tema la jurisprudencia internacional marca la pauta, la misma que ha sido tomada por el Tribunal Constitucional peruano (caso Tineo-Cabrera). La Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestro TC han dicho que el debido proceso se respeta en todo tipo de procedimiento. En el caso de JDC, se le siguió un procedimiento ante la Comisión de Ética, hubo un informe donde pedían su suspensión, el pleno votó, determinó la sanción y luego recién cuando ya se efectivizó la sanción el demandante recurrió al amparo. Nosotros considerábamos que hubo un error por parte del Congreso porque era una conducta no tipificada y se había debatido sin que el congresista tuviera oportunidad de defenderse. Esa fue la pauta.
¿Y con García?
Es distinto porque no se ha consumado todavía ningún tipo de sanción, está en proceso de investigación. No sabemos si lo van a sancionar o no o si va a haber un informe que remitan a alguna instancia jurisdiccional para iniciar un proceso. Pero como es un proceso de investigación, la jurisprudencia de la Corte IDH establece que no hay que esperar el final.
¿Cuáles son los problemas principales que aquejan la labor de un juez constitucional?
La sobrecarga procesal, en nuestra sociedad donde las personas buscan tutelas ven como salida los procesos constitucionales. Este año, la carga de los jueces constitucionales ha llegado a 15,500 demandas. Los diez juzgados constitucionales hemos solicitado más personal. Otro problema es la normativa porque hay vacíos en la legislación; además se tiene un tema de presupuesto. 
El presupuesto es la eterna batalla con el Ejecutivo…
Mientras que el Ejecutivo no entienda que educación, salud y justicia son pilares de un verdadero estado democrático, nada va a cambiar, solo. Y como punto final me parece que está la conducta de la cultura de litigación del abogado.
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SENTENCIA SOBRE USO DE ARMAS
Hemos conversado sobre las dos sentencias más sonadas pero no menos importante es la del caso de uso de armas en el que dejó sin aplicación la Ley N° 25054 y sus normas reglamentarias, al aplicar en la sentencia el test de proporcionalidad usted propone en su fallo como alternativa a la prohibición la expropiación, podría explicarnos mejor su criterio… 
Es constitucionalmente válido que el Estado establezca mecanismos para la seguridad ciudadana, ahí no hay objeción. He propuesto una medida necesaria pero no me corresponde a mí delimitarla sino al Congreso. El legislador puede modificar y dar otra salida. Lo que hemos hecho es regular el derecho a la seguridad ciudadana. 
En su fallo permite que el ex viceministro del Interior Dardo Alberto López-Dolz Madueño conserve y use las 39 armas que posee y deja así de lado la prohibición que establecía la Ley N° 25054. ¿No traerá como consecuencia que se interpongan demandas de amparo a fin de darle la vuelta a la norma?
Nosotros decidimos resolver este caso porque en este caso se verificaba casi todos los argumentos que se van a plantear posteriormente en los casos menores. Teníamos que resolver el caso porque ya teníamos la fecha límite del decomiso de armas el 18 de octubre. Al momento hay 300 amparos planteados por este caso y el primer juzgado que ha emitido una sentencia hemos sido nosotros.  Hemos marcado el derrotero.
¿Por qué no se crean más juzgados constitucionales?
Crear más salas constitucionales en el Poder Judicial es complicado porque son salas de poder y controlas todo. Ya tienes dos salas donde se conecta todo.
¿Por qué resultaría peligroso?
No, pero creo que es más por un tema político.
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