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“La Ley sobre DDJJ de funcionarios públicos es inconstitucional”

“La Ley sobre DDJJ de funcionarios públicos es inconstitucional”

Para el abogado constitucionalista y especialista en libertades informativas, la reciente Ley N° 30161, sobre declaraciones juradas de funcionarios y servidores públicos, contradice los artículos 40 y 41 de la Constitución peruana. En estos se ordena que los funcionarios del Estado realicen declaraciones juradas de sus bienes y rentas, y que además, estas sean públicas y publicitadas. No obstante, esto no se desarrolla adecuadamente en la citada norma.

Por Redacción Laley.pe

miércoles 29 de enero 2014

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Roberto Pereira explica que los artículos 40 y 41 de la Constitución ordenan que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos deben ser públicas. Y este mandato constitucional, afirma, no se cumple con el control que debe ejercer la Contraloría General de la República o el Congreso sobre dichas declaraciones sino permitiendo que «los ciudadanos tengamos acceso a esa información y fiscalicemos la evolución patrimonial de los funcionarios públicos a efectos de denunciar enriquecimiento ilícito o cualquier acto de corrupción”. 

En esa línea se muestra crítico con la Ley N° 30161, que regula la presentación de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos. “Hoy en día vemos el cuestionamiento, incluso en los ámbitos judiciales, de expresidentes que aparecen con patrimonio que no saben cómo explicar, y que los ciudadanos no teníamos conocimiento y ni siquiera las instancias oficiales”.
La norma, publicada el 28 de enero de 2014 en el diario oficial El Peruano, “legaliza una tendencia al secretismo del contenido de las declaraciones juradas de funcionarios públicos del Estado”, refiere Pereira. Además, advierte que solo  “excepcionalmente podrá publicarse cierta información, que será definida en un formato aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros a propuesta de la Contraloría General de la República”.
Sobre lo último, comenta que los derechos fundamentales, como el acceso a la información del contenido de las declaraciones juradas, deben estar establecidos en ley. “No es posible que la ley remita esto a una instancia del Poder Ejecutivo o a la Contraloría, pues estos no son los depositarios de la soberanía popular, y por lo tanto, no pueden limitar los derechos fundamentales”, acota.
Seguridad del funcionario público
Respecto a que si esta norma tiene como objetivo velar por la seguridad de los funcionarios públicos al evitar exponer públicamente su patrimonio, el especialista remarcó que “esos riesgos no se pueden solventar estableciendo en la ley que esa información es confidencial como regla general”. En tal caso, Pereira sostiene, que la solución sería “establecer niveles de publicidad, según la naturaleza o el rango del funcionario público, o establecer mecanismos para publicitar una determinada información pero dejando de acceso público otra para que las personas puedan solicitarla”. 
Por último, espera que el Congreso reflexione y modifique la norma para encontrar un “justo medio”. Es decir, explica, “no queremos que los funcionarios y servidores del Estado expongan su intimidad económica pero es posible encontrar un punto medio en el cual los funcionarios puedan publicitar determinada información”. 
Asimismo, exhortó a que los parlamentarios o la Defensoría del Pueblo “impugnen esta norma ante el Tribunal Constitucional por contradecir los artículos 40 y 41 de la Constitución».

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