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¿Se debe probar el dolo para condenar a un juez por prevaricato?

¿Se debe probar el dolo para condenar a un juez por prevaricato?

¿Cómo se determina el dolo en el delito del prevaricato? ¿Se debe probar el dolo o este solo se atribuye? ¿Puede un juez ordenar la inscripción de una partida de nacimiento? Conoce este interesante caso que resolvió la Corte Suprema [Recurso de Apelación Nº 6-2018-Ayacucho].

Por Redacción Laley.pe

lunes 18 de febrero 2019

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En el delito de prevaricato, desde el tipo objetivo, se tiene que el agente o sujeto activo debe ser un juez que dicta una resolución en el marco de un proceso jurisdiccional, y esta resolución ha de tener un fundamento de derecho “manifiestamente contraria al texto expreso y claro de la ley» (quebrantamiento del Derecho objetivo). 

La interpretación de un precepto legal –de cualquier jerarquía normativa y ámbito jurídico–, por su claridad y contundencia, no debe permitir, razonablemente y dentro del ámbito de la ciencia jurídica, una opción hermenéutica alternativa a la que estableció el juez cuestionado. El torcimiento flagrante del derecho es lo esencial en la tipicidad objetiva, no hay en este caso una opción jurídicamente defendible.

El tipo subjetivo es, desde luego, doloso. El dolo no se prueba, se atribuye o se imputa al autor con base en criterios de referencia sociales asumidos por el Derecho Penal. En el presente caso, tratándose incluso de un juez, el conocimiento del Derecho está en función a su propio rol, a lo que se exige de él.

Así lo ha estableció la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema al resolver el Recurso de Apelación Nº 6-2018-Ayacucho, en su resolución expedida el 05 de febrero de 2019.

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Veamos los hechos: el magistrado del Juzgado Mixto de Chungui, La Mar, Ayacucho, emitió una sentencia que ordenó la inscripción de la partida de nacimiento de una persona en el Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Chungui. Ante ello, se imputó al juez haber infringido el artículo 826 del Código Procesal Civil, que señala que la solicitud de inscripción de partida de nacimiento se rige por la norma de la materia, vale decir, la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ley N° 26497. Esta establece claramente que la inscripción de las partidas de nacimiento corresponde ser tramitada administrativamente ante la RENIEC.

No obstante, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Ayacucho absolvió al referido juez del delito de prevaricato. El principal argumento de la sala superior fue que no existía medio de prueba alguno que acredite que el imputado actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de que actuaba con manifiesta contrariedad con el texto expreso y claro de la ley. Esta decisión fue apelada por la Tercera Fiscalía Superior en lo Penal de Ayacucho.

Llegado el caso a la Suprema, la Corte refirió que «en el presente caso, es patente que el juez imputado carecía por completo de jurisdicción sobre el caso, como fluye del texto claro y expreso del artículo 826, primer párrafo, del Código Procesal Civil, que remite a los artículos 49 y 47 de la Ley 26497, de doce de julio de mil novecientos noventa y cinco (Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil); incluso las disposiciones legales que invocó eran ostensiblemente impertinentes: artículos 35, 44 y 61 del Código Civil».

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La Sala agregó que la claridad del texto legal permite afirmar que el juez estaba en condiciones de conocer que no podía asumir jurisdicción y amparar una pretensión que no podía plantearse directamente ante el Poder Judicial, sino que es de exclusivo conocimiento de la RENIEC. «No existe ninguna posibilidad hermenéutica para estimar que, más allá de un error de juicio, sería razonable sostener que la jurisdicción podía conocer directamente de la solicitud […]. Entonces, los elementos típicos, objetivos y subjetivos, del delito de prevaricato se cumplen acabadamente», refirió la Corte. 

El colegiado agregó que la inscripción de una partida de nacimiento no podía ser materia de un proceso jurisdiccional, pues correspondía conocerlo a la Administración (RENIEC).

Por ello, la Suprema declaró fundado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Tercera Fiscalía Superior en lo Penal de Ayacucho contra la sentencia de primera instancia que absolvió al magistrado de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito de prevaricato. Igualmente, declaró nula la referida sentencia de primera instancia y ordenó que se remita el proceso al tribunal superior para que otro colegiado realice nuevo juicio oral.

Ud. puede descargar esta sentencia aquí y/o leerla en nuestro archivo Scribd:

AP 6 2018 Ayacucho by on Scribd

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