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Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú (Resolución Ministerial N° 0104-2021-IN)

Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú (Resolución Ministerial N° 0104-2021-IN)

Mario Alexander Atarama Cordero: “Muchas de las propuestas establecidas en las Bases para el fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional del Perú garantizan una mejora en el estado actual de las cosas, pero no terminan de redondear la idea que se tiene de un proceso de reforma”.

Por Mario Alexander Atarama Cordero

jueves 4 de marzo 2021

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I. Contexto

Las Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú, aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 0104-2021-IN del 25 de febrero de 2021, fueron elaboradas en el contexto del cambio de gobierno de Manuel Merino al de Francisco Sagasti, que se produjo el 15 de noviembre de 2020. El ambiente de reforma estuvo alimentado por las denuncias por irregularidades en las adquisiciones de equipos de protección contra la COVID-19, por parte de las diferentes Unidades Ejecutoras de las Fuerzas Policiales; y, en menor medida, por el inadecuado manejo de la crisis política por parte de la Policía Nacional del Perú.

II. Análisis de la norma: Acciones estratégicas 

Las Bases parten de un diagnóstico bastante conocido de la realidad policial y que se plantea revertir: incentivos inadecuados para el desempeño del personal, infraestructura precaria para el despliegue estratégico, equipamiento insuficiente para el desempeño operativo, tecnología de la información desactualizada, débil reconocimiento de los valores institucionales, además de la evidente debilidad en la aplicación de estándares de integridad y relacionamiento con la ciudadanía.

El objetivo planteado es modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú, a fin de que cumpla eficazmente con su mandato constitucional de garantizar el orden interno y la seguridad de la ciudadanía en un marco de integridad, respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho.

Las acciones estratégicas que permitirían alcanzar el objetivo trazado se estructuran en 6 ejes que buscan solucionar cada uno de los problemas identificados en el diagnóstico. El primero de ellos, denominado “Nuestra Gente”, incluye la actualización del sistema educativo policial, la mejora y estandarización de los procesos de asignación, evaluación, disciplina y cambio de situación (disponibilidad/retiro) del personal policial; y la adecuación de los servicios de salud y bienestar a los estándares de calidad y cobertura que requiere el personal policial.

El Eje “Nuestra Infraestructura”, comprende la aplicación de un enfoque estratégico a la planificación y el diseño arquitectónico de la infraestructura policial; el saneamiento legal de la infraestructura utilizada; y el cierre de la brecha en la construcción, habilitación, mejora y mantenimiento de la infraestructura policial.

Por su parte el Eje “Nuestro Equipamiento”, propone aplicar un enfoque estratégico en la adquisición y mantenimiento del equipamiento policial; la modernización de los procesos administrativos para la adquisición oportuna de equipamiento policial; y el fortalecimiento de los procesos de mantenimiento y reparación del equipamiento policial.

El Eje “Nuestra TIC” involucra la implementación de procedimientos y protocolos de integración e interoperabilidad de las tecnologías de información y comunicación; además de la modernización y actualización continua de las mismas.

En lo que respecta al Eje “Nuestra Imagen”, se plantea el fortalecimiento de las estrategias de comunicación interna para la interiorización de valores y sentido de pertenencia del personal; y el fortalecimiento de las estrategias comunicacionales de la PNP para generar confianza en la ciudadanía.

Finalmente, en el Eje “Nuestra Institucionalidad” se busca implementar medidas de control de la integridad; garantizar el cumplimiento de protocolos de calidad y de respeto a los derechos humanos; y la mejora de los instrumentos de gestión para el cumplimiento de sus funciones.

Para la implementación de las acciones estratégicas de los ejes se destinaron S/350 millones de soles en el presupuesto del año 2021 y se han asegurado recursos hasta el año 2030 por más de S/4 mil millones.

III. Aportes y conclusiones

Entrando a revisar a nivel de detalle las acciones estratégicas, se pueden identificar propuestas acertadas como la adecuación de los estándares institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos en el uso de la fuerza, la incorporación de gerentes públicos de SERVIR para el fortalecimiento de las capacidades de las Unidades Ejecutoras de la PNP; además de las medidas de interoperabilidad propuestas para mejora del servicio policial, y el plan de ampliación de cobertura a internet en las unidades policiales. Mención aparte merece la identificación del saneamiento técnico legal como paso previo para un exitoso Plan de Infraestructura.

Sin embargo, muchas de las referidas propuestas garantizan una mejorara en el estado actual de las cosas, pero que no terminan de redondear la idea que se tiene de un proceso de reforma. Por ejemplo, en el Eje “Nuestra Gente” no hay una sola referencia al número ideal de policías que se requieren para cumplir acertadamente con el servicio, el equilibrio necesario entre oficiales y suboficiales, el redimensionamiento del número de generales, la definición de la jornada policial frente al denominado 2 x 1, o la asignación de personal civil especializado para la gestión de las pensiones policiales (permanente foco de corrupción).

Otras omisiones que podemos mencionar en el eje Infraestructura, es la no identificación de brechas y la incorporación de un plan de cierre de brechas, salvo que los mismos sean integrados a la propuesta de Plan de Mejora de la Infraestructura.

En lo que respecta al eje Equipamiento, se proponen medidas que podrían ser contradictorias entre sí, como la elaboración de propuestas normativas para la adquisición de equipamiento, como el uso del leasing, mientras que para asegurar la operatividad de la flota vehicular se propone la utilización de convenios y mecanismos de cooperación institucional. Dichas medidas, además, se alejan de la modalidad de “renting” utilizada el 2019 para incorporar 400 vehículos a la flota policial[1]; ¿eso significa que el renting fue una medida equivocada?

Respecto del uso de las Tecnologías de la Información, tampoco se hace referencia a una labor previa de identificación de brechas ni la articulación con las propuestas sobre gobernanza de datos e interoperabilidad en el Sistema de Justicia, realizadas por el Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia. Asimismo, no hay una propuesta clara de formalización de la utilización por parte de la PNP de los bienes de los gobiernos locales (movilidad y cámaras de vigilancia), que en la práctica se vienen utilizando, pero sin un marco normativo claro.

La Comisión de Seguimiento, creada por la resolución ministerial que aprobó las Bases, tiene una ardua labor por los próximos cinco (5) años.

En conclusión, medidas interesantes se aglutinan con omisiones llamativas que hubieran permitido definir de forma indubitable que estamos ante un proceso de reforma y no ante un plan de acción que mejore el funcionamiento policial garantizando el status quo. La ausencia de exgenerales de la PNP en los medios criticando las Bases de la reforma podría ser una evidencia de que (como señalaba un locutor deportivo) “aquí no pasa nada”.

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Mario Alexander Atarama Cordero. Abogado, exdirector de la Oficina de Asesoría Jurídica de ESSALUD, MINSA, MININTER y el Gobierno Regional de San Martín. Exasesor de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asesor en gestión pública.

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