Domingo 14 de abril de 2024 | Suscríbete al Newsletter de La Ley

¿Qué significa la independencia de los abogados?

¿Qué significa la independencia de los abogados?

Los abogados cuentan con derechos reconocidos en la normativa nacional e internacional sobre el ejercicio de su función. Laley.pe analiza cuáles son los derechos reconocidos que buscan promover y garantizar el buen desarrollo de la profesión legal.

Por Redacción Laley.pe

miércoles 15 de septiembre 2021

Loading

[Img #30964]

Entre las garantías del debido proceso se encuentra el derecho a ser representado judicialmente por un abogado. Esta garantía se encuentra reconocida en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1] y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[2]; entre otros tratados internacionales sobre derechos humanos.

Precisamente, para asegurar el derecho de defensa que asiste al justiciable debe permitirse al abogado desarrollar, sin presiones externas, la estrategia judicial que considere idónea y efectiva para la defensa de los intereses de su cliente.

           

De este modo, se configura un “derecho a la independencia de los abogados”, recogido en los Principios Básicos sobre la Función del Abogado de Naciones Unidas[3] (PPFA), formulados para ayudar a los Estados en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de los abogados.

Lea también: ¿Los actos de los colegios de abogados pueden ser materia de un proceso contencioso administrativo?

En virtud del marco jurídico anteriormente mencionado, los Estados tienen distintas obligaciones derivadas de la garantía de independencia de los abogados.

Requiriendo pues que estos se encuentren libres de todo tipo de presiones externas para ejercer sus funciones, ello para garantizar que no se le disminuya de su capacidad de representar o asistir a su cliente. En consecuencia, tal como lo indica el Principio 16 de los PPFA, los gobiernos deben garantizar:

“a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas;

 

 b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y

 

c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”. 

 

En ese contexto, los Estados tienen una obligación de respeto, el cual implica que no deben ejercer cualquier tipo de acción que pueda constituir una presión indebida sobre el abogado al momento de ejercer sus funciones. Así también se deriva el estándar de inmunidad civil, penal y administrativa, por el cual los abogados no pueden ser sancionados ni perseguidos por los Estados por los hechos que realicen en el ejercicio regular de sus funciones[4] y la prohibición de extender la responsabilidad del cliente al abogado que lo represente o asiste.

Lea también: Abogados podrán litigar sin necesidad de presentar constancia de habilitación profesional

Asimismo, tienen una obligación de garantía, con base a la cual el Estado debe procurar diligentemente que el abogado no sea objeto de algún tipo de presión externa derivada de otras personas, realizando conductas positivas para evitar cualquier tipo de incidencia sobre la independencia del abogado. A partir de ello, se busca que el Estado lleve a cabo medidas destinadas a cumplir con el objetivo de proteger al abogado, como la emisión de normas de protección de la independencia del abogado, y que diseñen y ejecuten políticas públicas que contribuyan al cumplimiento de las mencionadas obligaciones.

Ahora bien, la garantía de independencia de los abogados no es en sí mismo un derecho absoluto, pues encuentra su límite en la responsabilidad disciplinaria de los abogados.

Sin embargo, esta atribución de responsabilidad debe ser conforme a las reglas por las cuales se puede regular un derecho fundamental, en consecuencia:

  1. debe respetarse el principio de legalidad (solo puede sancionarse la comisión de infracciones previamente determinadas)
  1. debe respetarse el principio de razonabilidad (las infracciones disciplinarias deben buscar proteger un fin legítimo)
  1. debe respetarse el principio de proporcionalidad (la intensidad de las infracciones debe corresponde a la gravedad de las conductas irregulares desarrolladas por el abogado).

                                                                                                                    

En conclusión, como hemos indicado, para garantizar que toda persona pueda contar con una defensa efectiva a su favor, resulta indispensable respetar y garantizar la independencia de los abogados.

De este modo, la independencia de los abogados se configura como parte indispensable del derecho al debido proceso reconocido en diversos tratados sobre derechos humanos que el Estado peruano se encuentra obligado a cumplir.

 


[1] Artículo 8.-  Garantías Judiciales

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (…)

 2. (…)  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(…) d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

[2] Artículo 14° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  (…)             (…) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo (…)

[3] Adopción: Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. La Habana, Cuba, 07 de septiembre de 1990.

[4] Cabe señalar que esta inmunidad no es ilimitada, puesto que el abogado puede ser sancionado por responsabilidad disciplinaria, previo cumplimiento de un procedimiento que cuente con  las  debidas  garantías procesales, de acuerdo al ordenamiento interno o por el Colegio de Abogados que corresponda.

NEWSLETTER DE LA LEY.PE

NOTICIAS RELACIONADAS