El Ejecutivo dirigió el día de ayer, 14 de enero, un oficio a la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez, mediante el cual observan la ley que deroga el régimen CAS, aprobado en el Pleno el año pasado.

Como se recuerda, el Congreso aprobó un proyecto de ley que incorpora a los servidores contratados bajo el régimen CAS a los regímenes laborales del D.L. N.º 276 y D.L. N.º 728. Dando con esto fin a los Contratos Administrativos de Servicios en el Estado.

El oficio remitido indica que la incorporación de los servidores CAS a la administración pública mediante esta ley se opone a la reforma del servicio civil que, como política de Estado, busca darle un sentido de orden, racionalidad y resultados a la gestión de los recursos humanos en el sector público.

El Ejecutivo argumenta que la norma dada por el Congreso afecta los principios de meritocracia e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes.

Meritocracia en  la carrera publica

El Poder Ejecutivo, en el oficio remitido, indica que la igualdad en el acceso a la función pública es un derecho de todo ciudadano, estableciéndose que dicho ingreso sea mediante concurso público de méritos. Por lo cual, tanto el ingreso como la progresión y la permanencia en el puesto están supeditados a la idoneidad objetivamente demostrada de la persona o servidor que lo ocupa.

Ahora bien, el régimen CAS contempla el ingreso a través de un proceso de selección, pero este concurso no constituye un proceso de incorporación riguroso necesarios para una carrera pública. Si bien eL CAS ha facilitado la gestión de recursos humanos en muchas entidades, no ha aportado al desarrollo ni la consolidación de la meritocracia en el sector público

En este sentido, para el Ejecutivo, la incorporación automática de los servidores del régimen CAS a los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nº 276 y Nº 728, que propone la Autógrafa de Ley, afectaría el derecho de acceso a la función pública de quienes no sean beneficiados con dicha incorporación y deseen acceder mediante un concurso público de méritos a aquellas plazas que serían cubiertas como consecuencia de la referida incorporación automática.

Es por ello que, esta diferencia en el acceso a la función pública entre los servidores del régimen CAS y las demás personas que deseen en el futuro ser parte la administración pública, afectaría el principio de la igualdad ante la ley.

Cabe resaltar que, el Estado ya tiene una ley de Servicio Civil que mejora las compensaciones económicas, basándose en el desempeño, la capacidad y la evaluación permanente de los servidores civiles; y, sujetándose al principio de provisión presupuesta.

Costo de la ley

En el dictamen de la comisión congresal encargada de revisar el proyecto de ley, se sustenta que implementación de la ley a cargo del Estado no demandara recursos adicionales del tesoro público. Algo que según el Ejecutivo es completamente falso, dado que el costo extra que tendrá que correr el Estado asciende a S/ 4, 244, 663, 542.07.

Por otro lado, se indica que el Congreso de República tiene funciones de controlar y fiscalizar la acción del Ejecutivo en la administración del tesoro público, pero en ningún caso puede sustituirlo en la dirección de la política económica, menos aun creando gastos, citan el articulo 79 de la Constitución; el Congreso no tiene iniciativa de generación de gasto público, salvo en lo que atañe a su propio presupuesto.

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