En la edición de abril de Diálogo con la Jurisprudencia se analiza en el especial la afectación de los derechos fundamentales tales como la privacidad e intimidad de las por la utilización de diversos dispositivos de videovigilancia.

Videovigilancia y derechos fundamentales

La videovigilancia ha ocasionado que se fortalezca la seguridad en diferentes espacios; sin embargo, al mismo tiempo ha generado cuestionamientos cuando su utilización ha intervenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, principalmente del derecho a la intimidad y vida privada. Por tales motivos, en esta edición, el especial está dedicado a analizar el uso de las cámaras de seguridad en distintos espacios y su relación con el ejercicio de los derechos fundamentales, el principio de razonabilidad y proporcionalidad como parámetro en la utilización de dichos dispositivos, así como la respuesta que ha brindado el Tribunal Constitucional a través de tres casos emblemáticos.

Improcedencia de admisión parcial conclusión anticipada

En sección penal y procesal penal contiene un criterio jurisprudencial de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por el cual se considera que la conclusión anticipada no puede convenirse en una aceptación parcial de los cargos por parte del acusado, máxime si, conforme a la acusación fiscal, los hechos materia de imputación se encuentran secuencial y subjetivamente relacionados. Así se señaló que la admisión par­cial a trámite de una conclusión anticipada, dejando subsistente la prosecución de otro extremo de la imputación respecto al mismo acusado, rompe la unidad del objeto del proceso y desnaturaliza la finalidad de la conclusión anticipada.

Aplicación a trabajadoras cas del despido por embarazo

Del mismo modo en la sección constitucional podemos encontrar el fallo del Tribunal Constitucional en el que se determinó que el despido de una trabajadora del régimen CAS deberá ser considerado como un des­pido nulo con las consecuencias que el Tribunal le ha reconocido en su jurisprudencia, cuando este tenga como causa el estado o ejercicio de su maternidad o de razones vin­culadas a ella. Por tal razón es que se consideró que tal protección reforzada para la madre trabajadora deberá extenderse también a los casos en los que se presente la renovación del contrato administrativo de servicios. De lo contrario esta protección perdería eficacia.

Suspensión del plazo de caducidad de hipoteca

La suspensión del plazo de caducidad de las hipotecas durante el aislamiento obligatorio fue aplicada por el Tribunal Registral, tomando como base la salvedad del artículo 2005 del Código Civil, que a su vez remite al artículo 1994, numeral 8, que fija la suspensión de la prescripción. Así se consideró que como el aislamiento social obligatorio estuvo vigente hasta el 30/06/2020, y fue a partir del 01/07/2020 el plazo de caducidad volvió a reanudarse.

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