La pena de multa incorporada puede llegar, dependiendo del caso, hasta los 365 días-multa. Con ello, los funcionarios públicos no solo serán sancionados con la pena de cárcel, la pena de inhabilitación en el cargo y el pago de una reparación civil, sino también con una pena de multa a favor del tesoro público.

La multa es una de las modalidades de pena prevista en el artículo 28 del Código Penal. Mediante ella, se le impone al condenado la obligación de pagar al Estado una suma determinada de dinero por el número de días señalado en la sentencia. El total a pagar se impone en días-multa y se calcula en un margen del 25% al 50% del ingreso promedio diario del condenado.  Este se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza. 

Así, por ejemplo, si un funcionario con un ingreso mensual de S/. 3,000.00 es condenado a la pena de 65 días-multa:

– A fin de calcular el valor cada día el juez penal divide los S/. 3,000.00 entre 30 días. Es decir, los ingresos diarios promedios del funcionario público son S/. 100.00.

– Luego, el juez definirá qué porcentaje (entre 25% y 50%) del ingreso diario de S/. 100.00 afectará. Asumiendo que imponga 40%, tendremos que cada día-multa equivale a S/ 40.00.

– Por último, el monto final de la pena de multa se determina multiplicando el valor de un día-multa (S/ 40.00) por la cantidad de días-multa prevista en la sentencia (en este caso, 65). Por lo que en este caso la pena de multa equivaldrá a S/.2,600.00.

Es importante no confundir la pena de multa con la reparación civil. Si bien ambas pueden implicar el pago de una suma de dinero, se distinguen nítidamente:

– La pena de multa se impone a consecuencia de un delito (es una sanción penal); la reparación civil a consecuencia de un daño (es una sanción civil).

– La pena de multa se paga a favor del tesoro público; la reparación civil a favor del agraviado del daño.

– La pena de multa se fija tomando como referencia los ingresos del condenado; la reparación civil se cuantifica con base en los daños económicos y/o personales derivados del hecho ilícito.