La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima declaró fundada el inicio de una investigación preliminar contra el fiscal José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial Lava Jato, y al juez Richard Concepción Carhuancho por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del Estado. 

De acuerdo al documento, suscrito por la fiscal superior anticorrupción Escarleth Laura Escalante, la investigación preliminar deberá realizarse respecto al allanamiento del 4 de enero a las oficinas de Juan Manuel Duarte Castro, exasesor de Pedro Chávarry, diligencia dirigida por el fiscal José Domingo Pérez Gómez.

Según la denuncia, el fiscal José Domingo Pérez sustentó, ante el juez Richard Concepción Carhuancho, una solicitud de allanamiento, en consideración de que Pedro Chávarry había adoptado una actitud de interferencia, hostilización y encubrimiento de los actos de investigación en contra de Keiko Fujimori.

Sin embargo, esos hechos ya eran de conocimiento de la Fiscalía de la Nación el 21 de diciembre del 2018, por medio de la disposición 94-2018, según el documento fiscal. 

«Como el mismo fiscal investigado reconoce, en la citada disposición 94, que el fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos goza de prerrogativas constitucionales por su condición de fiscal de la Nación, ante lo cual el fiscal investigado no tenía competencia para investigar; y, por tanto, estos hechos no eran materia de investigación a cargo del fiscal (Pérez)», se detalla en el documento.

Por otro lado, al fiscal José Domingo Pérez Gómez se le atribuye la ejecución de las diligencias de allanamiento de las oficinas de los asesores Max Aranda Fernández y Edgar Peralta Lino, sin autorización judicial.

Ante la Fiscalía Superior, el fiscal José Domingo Pérez Gómez se defendió aduciendo que los hechos atribuidos ya fueron archivados en una resolución del 31 de enero del 2019. A su vez, enfatizó que se pretende someterlo a una doble investigación penal «so pretexto de una distinta calificación jurídica por abuso de autoridad».

Por su parte, el juez Richard Concepción Carhuancho sostuvo que «no se cometió acto arbitrario contra el denunciante (Chávarry), no se dictó medida alguna en su contra, sino en contra de la oficina de Juan Duarte». También, que de acuerdo a las resoluciones no se relacionó a Pedro Chávarry como investigado.

La fiscal Laura Escalante, luego de analizar el caso, sostuvo que cuando el fiscal José Domingo Pérez realizó el pedido de allanamiento ya se había dispuesto «la derivación de la noticia criminal al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación». Por lo que «correspondía a dicha área realizar las investigaciones», por lo que las acusaciones contra Pedro Chávarry «no podrían constituir el sustento del requerimiento de allanamiento».

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«El requerimiento de allanamiento tendría como finalidad hechos vinculados con la disposición 94, esto es, sobre hechos que el mismo fiscal investigado reconoce que no tienen competencia para investigar, como son los supuestos actos de encubrimiento real y persona por parte del fiscal supremo», alertó la fiscal.

Finalmente, enfatizó que no hay justificación respecto a las razones que lo llevaron a concluir que en las mencionadas oficinas pertenecían al asesor Juan Manuel Duarte. También, que a pesar de mencionar que no contaban con autorización judicial, se continuó con la realización del registro de los bienes de los asesores Max Aranda y Edgar Peralta.

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