Hace unos días, el congresista Wilson Soto Palacios presentó el Proyecto de Ley 3004/2022-CR que plantea modificar el artículo 140 de la Constitución para incorporar la pena de muerte contra condenados por violación sexual de menores de 10 años. La propuesta legislativa propone la siguiente fórmula legal.

Artículo 2. Modificación del artículo 140 de la Constitución Política del Perú. 

«Artículo 140. La pena de muerte sólo puede aplicarse por los delitos de traición a la Patria en caso de guerra, terrorimo y violación de la libertad sexual de menores de 10 años seguida de muerte, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada»

Al respecto, es importante recordar que en numerosas oportunidades, desde el Congreso de la República y otros frentes políticos se han impulsado propuestas similares. En 2020, el congresista Robinson Gupioc de Podemos Perú, propuso modificar el art. 140 de la Constitución para establecer la pena de muerte en los casos de violación sexual de menores de edad. El texto que propuso su Proyecto de Ley 06742/2020-CR fue el siguiente:

La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, por el delito de terrorismo y por el delito contra la libertad sexual en agravio de menores de edad, conforme a las leyes nacionales y a los tratados de los que el Perú es parte obligada.

En esa misma linea, el congresista también propuso modificar los arts. 28 y 173 del Código Penal.

El nuevo inc. 1 del art. 173 del CP establecería que cuando la víctima de la violación sea menor de 12 años, esta merecerá la pena de muerte. El inc. 2 del referido artículo sancionaría con cadena perpetua los casos en los que la víctima tenga entre 12 y 15 años. Por su parte, el inc. 3 establecería una pena no menor de 30 ni mayor de 35 años cuando la edad de la víctima oscile entre los 15 y 18 años.

La propuesta normativa también incluyó algunas agravantes. Respecto del inc. 3, el proyecto plantea establecer la cadena perpetua cuando el agente tuviera cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre la víctima o le impulsara a depositar su confianza. En lo tocante a los incs. 1 y 2, cuando se cause lesiones graves o la muerte de la víctima, la conducta será sancionada con pena de muerte.

En la exposición de motivos del proyecto, el legislador señaló que dicho proyecto no contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos (pacto San José de Costa Rica), pero también señala que “ningún Estado o tercero pued[e] tomar injerencia en cómo el pueblo peruano decida de forma soberana la forma en que deba castigarse ese delito”.

Así, en 2018, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, rechazó que la pena de muerte sea un tema en la agenda del Ejecutivo.

La declaración la hizo en Palacio de Gobierno, donde se reunió con alrededor de 50 parlamentarios electos de Acción Popular (AP), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú, como parte de una ronda de diálogo.

Estas declaraciones las virtió tras las declaraciones del entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, quien dijo que el nuevo Congreso debería evaluar si la pena de muerte es una medida disuasiva para quienes cometan delitos contra las mujeres. “Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República; en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. […] vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”, afirmó el mandatario ante la prensa.

Durante la reunión, los legisladores electos Fernando Meléndez, vocero de APP, y Luis Roel, de AP, le preguntaron directamente a Zeballos por las declaraciones de Vizcarra, según detallaron fuentes de El Comercio.

“Nos ha dicho el primer ministro que no, que se han malinterpretado las palabras del presidente, porque este Gobierno respeta los derechos humanos, pero sobre todo es respetuoso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional y la Constitución”, manifestó Meléndez a su salida.

Además, el congresista electo Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, confirmó lo dicho por Meléndez. “Se le preguntó directamente al primer ministro y él manifestó que no era del interés del Ejecutivo abrir un debate sobre el tema”, sostuvo.

En la reunión, que se extendió por casi cuatro horas, Zeballos estuvo acompañado de los ministros María Antonieta Alva (Economía), Fernando Castañeda (Justicia), Elizabeth Hinostroza (Salud) y Carlos Lozada (Transportes y Comunicaciones). Allí, hablaron durante aproximadamente dos horas sobre los decretos de urgencia que fueron publicados durante el interregno parlamentario.

Por su parte, este martes el titular del Ministerio de Justicia, Fernando Castañeda, también rechazó que el Ejecutivo tenga en agenda la aplicación de la pena de muerte como sanción para quienes cometan crímenes contra las mujeres.

“Como ministro de Justicia, puedo decir que la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma normativa. No vamos a denunciar ningún tratado internacional”, señaló en entrevista con Canal N.

Castañeda explicó que el jefe de Estado no realizó la propuesta y que es “muy respetuoso de los tratados internacionales”. “Lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos para enfrentar este clima de violencia, hay que ver de forma completa toda la declaración, él no introduce una propuesta. […] El presidente será muy respetuoso de los tratados internacionales y eso queda totalmente descartado”, añadió.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, también se pronunció al respecto. La magistrada consideró que el Estado debería manejar mejores políticas de prevención y sanción para quienes incurran en delitos contra las mujeres.

“Somos un país que está inmerso dentro del ordenamiento de la región, donde hemos celebrado pactos, donde nos hemos comprometido a realizar determinadas acciones, a velar por la vida, eso no significa que matando a las personas vamos a ingresar a una fase donde todo va a ser paz y convivencia armoniosa”, sostuvo en TV Perú.

Asimismo, la titular del TC llamó a la reflexión de la ciudadanía en torno al tema. “No es un tema pacífico. Es un tema que desde ya genera polémicas y controversias, porque el fin supremo del Estado es velar por la vida y la integridad de las personas, pero en cierta manera si ese es el fin supremo, habría que reflexionar si se justifica quitar la vida a personas que puedan afectar la vida e integridad de otras personas. Es un tema que requiere de mucha reflexión”, puntualizó.