Ante la pandemia del Covid-19, se ha reclamado con energía una intervención estatal en los contratos entre agentes privados, en el ámbito pensionario (AFP), bancario (deudas e hipotecas), laboral (suspensiones y ceses) y civil (arrendamientos).

Tal intervención tiene directa relación con el artículo 62 de la Constitución, que establece que los contratos no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones. El debate en torno a esta norma constitucional es de antigua data, desde las posiciones que entienden que no hay más remedio que modificar el artículo 62 o hasta aquellas que defienden, a capa y espada, el tenor de esta disposición constitucional.

En ese contexto, en uno de sus libros, el profesor Fort Ninamancco efectuó un amplio estudio sobre el tema, haciendo un análisis crítico de cada una de las posiciones expuestas en nuestra doctrina, considerando también la situación en el Derecho extranjero. Ponemos a disposición de nuestros seguidores dicho estudio, gracias a la gentileza de su autor, a fin de que puedan tener más elementos de juicios y saquen sus propias conclusiones sobre esta amplia y compleja problemática.

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