Un año más se repite la misma situación. A pocas horas de la fecha límite para su aprobación, el Congreso apura el paso para la aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2014. Tanto que esa fecha límite es el 30 de noviembre. Después, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, firmará el documento en un plazo máximo de 15 días. Lo hará sobre una cifra que cada vez marea más, por lo exorbitante: más de 118 000 millones de soles. Representa, con respecto al año presente, un 9,7% más.

Es una cantidad muchísimo mayor que la se presentaba en el año 2007 (menos de S/. 62 000 millones). La referencia resulta valiosa porque ese mismo año se comenzó a implementar lo que se conoce como Presupuesto por Resultados (PpR; Ley  N° 28927). A grandes rasgos, la medida buscaba que el presupuesto asignado a cada entidad se ejecutara según las necesidades previstas, en torno a unos criterios y un plan asignado. Dicho de otra forma, su objetivo era que el dinero se gastara bien.

Con el paso del tiempo, el Presupuesto por Resultados (PpR) ha contado con diferentes herramientas para su implementación. Entre estas, destacan los programas presupuestales. Suponen, dentro de cada entidad, una forma de organizar el presupuesto de manera eficiente, en función de una serie de indicadores y criterios. Lo que se queda fuera de estos programas escapa a un control estricto del gasto.

Y, si bien es cierto que no todo el presupuesto puede entrar dentro de estos programas, pues supondría una excesiva rigidez sobre el gasto, la realidad muestra que los montos que quedan fuera de esos programas, de ese control, resultan excesivos, más del 60%. Todo ese dinero – que en el caso de este año supera los S/. 80 000 millones-, se gasta sin poder saber detalladamente cómo.

El caso de la administración de justicia no solo sigue esta tendencia, la de escapar al control riguroso del PrR, sino que la supera con creces. Así, el presupuesto del Poder Judicial (PJ) este año alcanza la cifra de S/.1,679 millones. Las “asignaciones que no resultan en productos” se comen S/. 991,775 millones, a los que hay que sumar S/. 327,502 millones (“acciones centrales”), que también escapan a los controles del programa presupuestal.

Es decir, de los S/. 1,679 millones con los que cuenta el Poder Judicial, más de S/. 1,300 millones no forman parte de ningún programa presupuestal. No responden, por tanto, a ningún criterio de eficiencia en su gasto. Es más del 80%. El monto restante se divide en programas como “Celeridad en los procesos judiciales de familia”, “Mejora en los servicios del sistema de justicia penal” o “Celeridad de los procesos judiciales laborales”. El último de ellos, llamado “Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú” solo recibe la cantidad de S/. 372,746.

Otras entidades que forman parte del sistema de justicia tampoco escapan a estas deficiencias. El Ministerio Público (MP) tiene asignado un presupuesto de S/. 1,231 millones. Sólo S/. 397 millones pertenecen a programas presupuestales (conformados esta vez, de nuevo, por “Gestión integrada y efectiva del control de oferta de drogas en el Perú” y “Mejora en los servicios del sistema de justicia penal”). El grueso mayor, S/. 834 millones, se va en “asignaciones que no resultan en productos” y “acciones centrales”. Es casi un 70% del total.

Un último ejemplo relevante es del Tribunal Constitucional (TC). Es, sin duda alguna, la joya de la corona. Todo el dinero que tiene asignado -en este caso algo más de S/. 50 millones-, está fuera de cualquier indicador de gestión.

Durante la discusión del Presupuesto en el Congreso, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, solicitó a los congresistas un mayor aumento del presupuesto para la entidad que preside. Cifró ese aumento en casi 2 000 millones más. «Se requiere este presupuesto en la medida que el aumento de la riqueza ha conllevado en nuestro país a un aumento de la delincuencia y la inseguridad, no solo en términos cualitativos, sino cuantitativos, con el incremento de nuevas formas criminales, y el aumento de otras como la minería ilegal», dijo.

Como sustento a esa demanda, el propio Mendoza ofreció distintas cifras, entre las que destacan la resolución de más de un millón de causas judiciales a nivel nacional (un 9% más en relación al año pasado), una reducción del 63% del tiempo de duración de los procesos penales gracias al Nuevo Código Procesal Penal (antes los procesos duraban entre 23 y 28 meses, y ahora ese periodo es de casi 9 meses), y otra reducción del 75% en los procesos laborales (de 20-26 meses a 4-6 meses).

La contundencia de las cifras, sin embargo, contrasta con la imposibilidad de conocer en qué medida estas pueden ser verificadas con un aumento (o disminución) del presupuesto, ya que no existen indicadores de gestión que lo permitan.

En este sentido, basta con analizar la evolución del presupuesto en personal del propio PJ. En el año 2008 esa entidad tenía presupuestada una cantidad de S/.424 millones en concepto de “Personal y obligaciones sociales”. Pasados cinco años, ese mismo concepto, para el presupuesto del año 2014 se sitúa en algo más de S/. 1 000 millones. Enmarcados en sus respectivos presupuestos, el personal del PJ demandaba algo más del 40% del total en 2008, mientras que hoy ese porcentaje ha crecido hasta superar el 60%. Es decir, de cada S/. 100 soles que gasta el PJ, S/. 60 se van en sueldos.

Si las cifras que Mendoza presentó en el Congreso para sustentar un aumento de presupuesto son cruzadas con la creciente carga financiera del personal del PJ, ¿cómo saber cuánto cuesta resolver una sola causa judicial? ¿Cuánto aligerar en un mes el tiempo de duración? Es virtualmente imposible calcularlo, debido a la ausencia de indicadores.

Del mismo modo que un fabricante de zapatos conoce los costos de producción de sus productos, ¿acaso no sería razonable que se aplicaran una serie de criterios al presupuesto público de justicia? Aun reconociendo las enormes distancias entre ambos rubros, la sociedad tiene derecho a saber, en aras de la transparencia y la claridad, cómo funcionan las principales instituciones del país.

Si la justicia es lo contrario a la arbitrariedad, entonces el dinero que se emplea en su administración debe estar sujeto a la mayor predictibilidad posible. Al fin y al cabo, una sentencia jamás debería ser una sorpresa. Tampoco el dinero que cuesta llegar a ella.

Un gran ejemplo a seguir en la región, al menos en términos de transparencia y claridad presupuestaria, es nuestro vecino chileno. En la página web de la Dirección de Presupuestos (Dipres) puede encontrarse de manera sencilla cómo, cuánto y en qué se gasta el Presupuesto de Chile. Este es el link: http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-15145.html