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¿Más leyes punitivas? Perú lidera demanda regional de mano dura

¿Más leyes punitivas? Perú lidera demanda regional de mano dura

El reciente Informe de Desarrollo Humano del PNUD, titulado Seguridad Ciudadana con rostro Humano da cuenta que el Perú lidera la lista de países de la región donde se exigen políticas de “mano dura”, que han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito, y también han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano.

Por Redacción Laley.pe

martes 3 de diciembre 2013

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[Img #2304](Foto: La Prensa).

Lideramos la lista de países que demandan mayor punición de las leyes, “mano dura” e incluso la llamada “justicia por mano propia”. Según el informe, el apoyo “a leyes más duras” alcanza al 93,4% de la población encuestada. Concurrentemente, de la mitad de los ciudadanos creen que en ocasiones se puede actuar al margen de la ley para combatir el delito.

De acuerdo al Informe, el enfoque punitivo (represión, aumento de penas, uso de fuerza) tiene múltiples repercusiones negativas, “muchas de ellas inesperadas, entre las que destacan el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios —ya sobrecargados—, la violación de los derechos humanos —particularmente en contra de jóvenes y menores de edad— y el abuso de autoridad”.

Al mismo tiempo, el Perú posee la tasa más alta de victimización urbana de toda América Latina, 32%. Empata con Bolivia. También uno de los porcentajes de victimización por robo más elevados, que alcanza el 23,43%. Contrastado con la tasa de robos oficial, se obtiene una diferencia abismal entre ambos: más de 6 millones de robos, actualmente en el limbo.

La explicación es sencilla. Las cifras oficiales del Ministerio del Interior dicen que por cada 100.000 personas se producen 217 robos. Si esos resultados son enfrentados con la encuesta de victimización hecha en el año 2012 por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), donde aproximadamente 6.888,000 peruanos reportan haber sido víctimas de robo, se concluye que más de 6 millones de robos escapan a las estadísticas oficiales.

Un vacío que propicia, sin duda, que algunos políticos como lo ex ministros Wilfredo Pedraza o Juan Jiménez se puedan referir al problema de la inseguridad ciudadana como una cuestión de histeria o percepciones.

No son las únicas cifras que ahondan en el tema. La percepción de inseguridad en el barrio, por ejemplo, vuelve a ser la más alta de América. Al ser de un 50% indica que la mitad de la población peruana dice sentirse inseguro allí donde vive. Y, de nuevo, el porcentaje de victimización directa resulta el más alto, en este caso compartido con Ecuador, y se sitúa en 28,1%.

Más cifras. En la década que separa al año 2000 del 2010, más de un millón de personas han muerto en Latinoamérica y el Caribe como resultado de la violencia criminal. La tasa de homicidios en la región ha crecido, durante ese mismo período, un 11%.  En los últimos 25 años, según cifras oficiales, los robos se han triplicado. Esto sin contar el contraste que esta última cifra produce, como se ha visto en el caso peruano, con las encuestas de victimización.

Por último, como realidad escalofriante, el dato de que cerca de 460 personas –la mayoría mujeres- sufren cada día las consecuencias de la violencia sexual.

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Éxito envenenado.
El Informe, más allá del caso peruano, propone un análisis exhaustivo sobre la gran paradoja latinoamericana, esa que resulta de reflexionar acerca del crecimiento económico de la región y el aumento real y percibido de la inseguridad ciudadana.

El propio informe valora como posibles explicaciones el hecho de que ese crecimiento esté centrado en el consumo y no aporte calidad de vida; el aumento de familias monoparentales, la alta deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado; los facilitadores como armas, alcohol y drogas; y la falta de capacidades institucionales de los Estados, especialmente en materia de procuración de justicia.

En ese sentido se pueden analizar algunas de las cifras que el propio informe cita, en base al Estudio comparativo de población carcelaria, PNUD (2013). Perú cuenta con una de las altas más elevadas de internos que no finalizaron los 12 años de escolaridad (87,1%). Por otra parte, el 36.1% de los internos declaran que abandonaron su casa antes de los 15 años, en una cifra similar a la media regional. El 30%, a su vez, reconoce que cometieron más de diez robos antes de ser detenidos.

Llama la atención, como último detalle referido a la población carcelaria, el hecho de que el 24,9% de esa población haya sido miembro de la policía o las fuerzas armadas. En Brasil, Chile o Argentina ese mismo indicador se sitúa en torno al 6%.

Tanta estadística se traduce, a su vez, en “altos índices de impunidad, crisis en los sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía”. No sorprende entonces esos seis millones de robos sin denunciar, únicamente percibidos. Si la población no confía en sus instituciones, ¿para qué denunciar? De fondo, la privatización de la seguridad cobra mayor presencia, mientras la brecha social se agranda. ¿Quieres seguridad? Paga.

Otros caminos son posibles.
Como alternativa, el informe resalta “los programas como Fica Vivo (Brasil), Plan Cuadrante (Colombia), Barrio Seguro (República Dominicana), Todos Somos Juárez (México), así como la iniciativa de la tregua entre pandillas en El Salvador”.

Experiencias que funcionan en torno a un análisis concreto de las estadísticas, a una actuación policial “a partir de su división por cuadrantes y el trabajo cercano con las comunidades” o a la creación de unidades especializado para atender a grupos especialmente vulnerables, como jóvenes y mujeres.

Entre las medidas propuestas al delito callejero, es necesario mencionar la mejor recolección de datos y la optimización de la presencia policial. En tal sentido, la experiencia peruana luce francamente desmejorada si se compara con la de sus pares regionales. El “Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público”, dependiente del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación cuenta con tan solo dos años de experiencia. Los órganos especializados de otros países atesoran muchos más años, como en Colombia (17), Brasil (24), Argentina (15) o Ecuador (8).

Sin datos precisos con respecto a la delincuencia, por tanto, valga esta conclusión como cierre: es difícil saber a qué se enfrenta el país. La lucha no es, entonces, contra el crimen, sino contra la ignorancia sobre el crimen.

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