(Fotografía referencial).

En el imaginario popular el Indecopi existe como organismo al que se acude para quejarse. Dicho de otra forma, existe para que el ciudadano, en su condición de consumidor, pueda acudir a él y este lo proteja. La realidad, sin embargo, como suele suceder, describe un panorama más complejo. 

Tanto que ni siquiera las siglas de su nombre, que responden al nombre de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, mencionan al consumidor. Entre sus competencias, en efecto, destacan la promoción del mercado y el fomento “en la economía peruana de una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología”.

Esta última responsabilidad, sin embargo, está siendo ampliamente despreciada si se analiza la labor de la sala especializada encargada de resolver en apelación los procesos que se siguen en las direcciones sobre propiedad intelectual (Signos Distintivos, Invenciones y Nuevas Tecnologías y de Derecho de Autor).

Esa sala, como las dos restantes, está compuesta por un total de cinco miembros vocales, al que debe añadírsele la presencia de un secretario técnico. No sucede así en ninguna de ellas. El caso más grave responde, como se ha adelantado, es el de la Sala de Protección a la Propiedad Intelectual. De los cinco miembros con los que debería contar, ninguno se encuentra actualmente en funciones.

Paradojas estructurales
La situación se produce desde el 19 de diciembre, cuando todos los vocales de la sala debieron abandonar sus cargos por imperativo legal, tras haber transcurrido cinco años de su elección –tal y como estipula el artículo 22 del Reglamento de Organizaciones y Funciones–. Lo hicieron después de agotar todos los recursos posibles.

De hecho, el periodo de sus respectivos mandatos había llegado a su fin antes, en septiembre. Alertada ante la falta de renovación que sufrirían los puestos, el Consejo Directivo solicitó opinión al Ministerio de Justicia  sobre la posibilidad de que los vocales permanecieran en sus puestos hasta que sus reemplazos no estuvieran listos. La solicitud se basaba en una interpretación del artículo 14 de la Ley General de Sociedades. El pedido, sin embargo, no prosperó.

El Ministerio argumentó que dicha ley solo podía ser aplicada para el caso de las sociedades, no en la administración pública. El principio de legalidad mandaba. Aun así, interpretó que las normas que sí podían ser aplicadas de manera análoga eran aquellas referidas a los reguladores. En consecuencia, los vocales podían permanecer un plazo suplementario de tres meses. Este el que finalizó en diciembre. Desde entonces, la sala se encuentra totalmente paralizada y sin ningún responsable.

No sucede así en la Sala de Defensa de la Competencia. Según la propia web de Indecopi, la responsable de esa sala es su secretaria técnica. No podría, ya que esa sala carece del mismo, también desde diciembre. Juan Luis Avendaño, quien ejercía la presidencia desde el año 2011, tuvo que abandonar su cargo con el resto.

Comparadas entre ellas, y haciendo un ejercicio elemental de metáfora biológica, podría decirse que, mientras que la Sala de Defensa de la Competencia es un cuerpo sin cabeza, la Sala de Protección a la Propiedad Intelectual es justo lo contrario, una cabeza sin cuerpo. Son las paradojas de Indecopi.

En la Sala de Protección al Consumidor, por último, la situación tampoco es de total estabilidad. Hernando Montoya, vicepresidente, elegido como vocal en septiembre de 2008, también tuvo que despedirse de su cargo en diciembre. Nadie ha ocupado su puesto desde ese momento y la Sala solo cuenta con cuatro miembros.

El consejo directivo y la PCM como testigos
Según el artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones de Indecopi (aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1033), “los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo”.

Los responsables de tanta parálisis, por tanto, parecen claros. A César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, quizás le pueda salvar el hecho de que lleva poco meses en el cargo. Al Consejo Directivo, sin embargo, pocas excusas le pueden valer. Su presidente, Hebert Eduardo Tassano, debería liderar la renovación de las desatendidas salas del Tribunal de su institución.

Llama la atención, a modo de conclusión, que entre los cinco miembros de ese mismo consejo directivo se encuentre una persona con relativa presencia mediática y una reconocida influencia política en el Congreso —donde ejerce como coordinadora de la PCM ante la bancada oficialista—. Su nombre es Malka Maya Albarracín. Tanto su experiencia laboral como méritos académicos resultan, además, poco acordes a las exigencias del puesto.

Estas cuestiones, en cualquier caso, no son sino el reflejo de una crisis institucional de mayor calado y gravedad. Una crisis que, al reconocerse el importante papel que Indecopi debe cumplir en la democracia peruana, y dadas las circunstancias, merece ser también analizada. Y, por supuesto, narrada.