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Corte Suprema de EEUU determinará si empresas pueden negar anticonceptivos a sus empleadas

Corte Suprema de EEUU determinará si empresas pueden negar anticonceptivos a sus empleadas

Los propietarios de las empresas argumentan que el pago de seguros que incluye los anticonceptivos va contra sus creencias religiosas. Organización defensora de mujeres advirtió un “abuso de poder”.

Por Redacción Laley.pe

jueves 27 de marzo 2014

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(Fotografía referencial)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia un nuevo caso relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, la reforma sanitaria del presidente Obama y la libertad religiosa. La máxima instancia judicial del país se decidirá si los empresarios pueden negarse a proporcionar a sus empleadas seguros médicos que cubran el coste de anticonceptivos, argumentando que esto atenta contra sus creencias religiosas. 

Una mayoría de los jueces pareció coincidir con los demandantes en que las empresas tendrían derecho a emplear la religión como justificación, aunque no aclararon si el marco legal actual les permite negar este acceso a sus empleadas. La legislación sí reconoce esta excepción a organizaciones religiosas y no gubernamentales, pero no a empresas privadas. 
Kyle Duncan, abogado de las compañías demandantes, explica que sus clientes “se han visto obligados” a cubrir el coste de medicamentos abortivos, en contra de su religión. “Las empresas ya ofrecen pólizas médicas a sus empleados, pero no pueden incluir este tipo de tratamientos de buena fe», argumentó. 
La Constitución estadounidense establece que el Gobierno no puede regular las creencias religiosas de los ciudadanos. Sin embargo, la cuestión planteada por estos empresarios no ha sido aclarada por la máxima institución judicial del país. 
Las demandas surgieron a partir de la aprobación de la reforma sanitaria y han tenido distinta suerte en los tribunales, por lo que la Administración Obama pidió al Supremo que las estudiara. «Lo que la Casa Blanca ha argumentado hasta ahora es que estas corporaciones no pierden sus derechos religiosos dentro del ámbito de sus negocios», sostuvo Duncan. 
Terry O’Neill, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres, aseguró que quien está limitando los derechos de las trabajadoras son este tipo de empresas al imponer sus creencias religiosas y limitar el seguro médico al que tienen acceso. «Se trata de un caso de abuso de poder y es inconstitucional», consideró. 
O’Neill planteó también que puede tratarse de un caso de discriminación sexual, ya que en ningún momento ninguna de las organizaciones ha planteado modificar el seguro médico al que tienen derecho sus empleados masculinos. «¿Por qué deberían ver las empleadas cómo se impone un dogma religioso sobre ellas?», preguntó. 
El juez Anthony Kennedy comentó que la legislación ofrece varias alternativas, desde aumentar el sueldo de sus empleadas para que puedan costearse ellas mismas el precio de los anticonceptivos, hasta negarse a proporcionarles un seguro y pagar la multa a cambio. 
Kennedy, el magistrado que puede tener en sus manos el voto decisivo, planteó además si al proteger los derechos religiosos de los empresarios se estarían limitando los de sus empleadas. “En este caso se estaría dando permiso a un empresario a poner a sus empleadas en desventaja. Si ellas no comparten la religión de los dueños, ¿quedan por encima entonces los derechos religiosos?”, inquirió. 
Las demandas fueron planteadas por la cadena de tiendas Hobby Lobby y los dueños de la empresa Conestoga Wood Specialties. La primera alegó que si no proporcionan esos seguros a sus empleadas se enfrentarán a una multa de 26 millones de dólares al año. La empresa asegura que no se opone a las pólizas médicas que abarcan determinados tratamientos anticonceptivos, pero que si se incluyen, tal y como exige la ley, algunos que ellos consideran abortivos, les convertiría en cómplices y violarían sus creencias. 
Se espera que los jueces dicten su sentencia en junio, unos meses antes de que se celebren las elecciones legislativas en las que los derechos reproductivos de las mujeres, así como el acceso al aborto y métodos anticonceptivos, pueden ser protagonistas. El Supremo decidirá si la ley interfiere con los derechos religiosos de los dueños de estas empresas, obligándoles a dirigir sus negocios en contra de sus creencias, y si las corporaciones cuentan en este ámbito con las mismas protecciones que los ciudadanos.
Fuente: El País

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