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Colegios católicos no pueden oponerse a políticas de Educación Sexual

Colegios católicos no pueden oponerse a políticas de Educación Sexual

Pese al rechazo anticipado que expresó la representación de la Iglesia Católica en el país, los programas que impulsaría el Estado en materia de educación sexual para la currícula escolar del 2016 tendrán que ser acatados sin excepción por los directivos de los planteles. Tanto lo que dicta la jurisprudencia en razón a derechos de información sexual como lo que determine el Congreso respecto del nuevo Código de Niños y Adolescentes entra en juego.

Por Ana Bazo Reisman

martes 3 de marzo 2015

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¿Se vendrá una nueva polémica entre el Estado y la Iglesia Católica? Es lo que se presagia si es que la propuesta del Ministerio de la Mujer para incluir el curso de Educación Sexual en los colegios continúa en la agenda del Ministerio de Educación en el Marco Curricular Nacional del 2016.

Cuando la idea fue lanzada a inicios de este año por la cartera de la Mujer, a cargo en ese entonces de Carmen Omonte, la Iglesia fue tajante en su postura de rechazo. Según informó el diario La República, el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, calificó de aberrante la iniciativa del Ejecutivo y resaltó que los colegios privados católicos responden a la normativa eclesiática. Pero, ¿es que acaso no deben imperar los derechos a la salud y a la información frente a la ideología del clero? Pues sí, y aquí lo explicamos.

Preocupación de la familia y del Estado

Si bien la educación sexual a los niños y adolescentes debe empezar en la familia, también es importante que en las escuelas se brinde dicha información para suplir las falencias que pudiesen presentarse en el hogar.

En la sentencia que despenaliza las relaciones sexuales con adolescentes entre 14 y 18 años, el Tribunal Constitucional (TC) no solo reconoció que estos cuentan con libertad sexual, sino que además estableció que los menores de edad tienen derecho a recibir información que permita el ejercicio responsable y saludable de su sexualidad.

Asimismo, la judicatura indicó que uno de los principales ámbitos comprendidos en el derecho a la salud es el relacionado con el ámbito sexual y reproductivo. En ese sentido, el Estado deberá garantizar el acceso rápido y eficaz de la personas –en especial de los adolescentes– a información y educación sexual. 

El papel del Legislativo

En el vigente Código de Niños y Adolescentes, es el literal G del artículo 15 el que establece que la educación básica del Estado debe comprender la orientación sexual y la planificación familiar. Si bien esto es cumplido a nivel de los colegios públicos, el Congreso podría actualizar este punto para que sea extendido a las escuelas privadas.

Precisamente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento tiene en agenda para la presente legislatura el debate sobre los dictámenes hasta hoy aprobados a fin de reformar el mencionado código. En el dictamen en minoría del 29 de abril de 2014, el artículo 27 fija el derecho a la educación sexual integral y salud sexual y reproductiva para adolescentes mayores de 14 años, en donde se establece que “el Estado debe garantizar servicios y programas de atención” en la referida materia. De aprobarse este aspecto del Código, la norma incluiría a los adolescentes de nivel secundario de todos los colegios adonde se dirijan políticas públicas.

Reparto de preservativos en escuelas

Otro punto controvertido es la distribución de preservativos en los centros educativos. Junto a la difusión de información sobre planificación familiar es usual que el personal del Ministerio de Salud brinde preservativos a los estudiantes.

Esta política ha sido duramente cuestionada por distintas autoridades de la Iglesia Católica. Al respecto, el cardenal Juan Luis Cipriani ha señalado que “regalar condones equivale a más libertinaje y más abuso sexual”. Recientemente, el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río, se ha mostrado en contra del reparto de preservativos a los escolares, advirtiendo incluso que los planteles donde se imparte la formación católica no abrirán sus puertas a los encargados de la distribución.

Ante esta situación es importante recordar que el artículo 6 de la Ley de General de Salud establece que toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia y a recibir información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar.

Así, si se exige que los mayores de edad estén debidamente informados de los métodos anticonceptivos existentes, más aún debería demandarse que los adolescentes cuenten con la información apropiada. Ello resulta de suma importancia para el resguardo de su salud y proyecto de vida.

Lo que dice el gremio médico internacional

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la importancia de impartir cursos de educación sexual a partir de los 12 años. Según sus cifras, existe una gran cantidad de población joven que desea postergar la paternidad pero no emplea ningún método anticonceptivo por falta de información.

De acuerdo a la Encuesta Global de Salud Escolar (ENDES) realizada por la OMS, en nuestro país casi el 20% de estudiantes entre segundo y cuarto año de secundaria ya ha tenido relaciones sexuales y el 13.2% de las mujeres entre 15 a 19 años de edad ya son madres o se encuentra gestando.

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