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Defensoría del Pueblo: urge aprobar una nueva ley de extranjería

Defensoría del Pueblo: urge aprobar una nueva ley de extranjería

De acuerdo a un reciente informe de adjuntía presentado por la Defensoría del Pueblo, se dio a conocer la preocupante situación en la que se encuentran los migrantes en nuestro país a consecuencia de las deficiencias con las cuenta nuestra ley de extranjería.

Por Cecilia Cerna

jueves 12 de marzo 2015

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En nuestro país, las normas que regulan la situación legal de los inmigrantes extranjeros son escasas y deficientes. Se cuenta solo con la Ley de extranjería (D. Leg. N° 703), que no ha sido reglamentada durante los 23 años que tiene de vigencia, y con algunas directivas internas. 

Este problemático escenario, junto con los cambios de globalización y la realidad actual de nuestro país ha permitido concluir que que la normativa inmigratoria vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación ya que excluye de la unidad familiar (inmigrante) a los hijos solteros y convivientes; a pesar de que la Constitución Política reconoce a la unión de hecho.

Este y otros problemas como la inobservancia o inadecuada aplicación del marco normativo nacional e internacional, falta de coordinación institucional, e incumplimiento de resoluciones judiciales son algunos que ha podido advertir la Defensoría del Pueblo en su Informe de Adjuntía N° 009-2014, “Tratamiento de las personas extranjeras en el Perú. Casos conocidos por la DP”. 

Y es que, según se muestra en este documento, de una muestra total de 214 personas afectadas por esta ley, el 11% son menores de edad y el 98% mujeres. Asimismo, del total de afectados el 47% tienen parentesco con un connacional, y 10% con una persona extranjera residente en nuestro país, lo que demostraría, según el informe, que las decisiones de migraciones impactan negativamente en muchos hogares peruanos conformados con personas extranjeras.

Se señala además que la norma tienen graves problemas de eficiencia y vacíos, pues algunos de los requisitos para prorrogar, por ejemplo, “condición de familiar de residente”, se exige la presentación de la declaración jurada del familiar todos los años sin tener en cuenta factores como la muerte, separación, abandono, o violencia familiar de dicho declarante; además de ignorar elementos importantes como los años de residencia, la constitución de una familia, tener hijos, etc.

Asimismo se considera que se vulnera el principio de legalidad, pues se impone igual sanción para una falta administrativa como para un ilícito penal: la expulsión del país. Dicho castigo es el único previsto en la norma, sin que exista gradualidad de penas de acuerdo a la condición de cada persona.

Frente a estos problemas, la Defensoría recomienda aprobar urgentemente una nueva ley de extranjería que mantenga el equilibrio entre el respeto y protección de los derechos de inmigrantes y las políticas en materia de seguridad del Estado. De igual manera exhorta a la Superintendencia Nacional de Migraciones, adecuar a la brevedad posible los procedimientos, directivas, y criterios de actuación a las normas internacionales vigentes; así como implementar una plataforma de interoperabilidad en materia migratoria a fin de tener un sistema integrado de información.

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