Tras varios años de debate, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional fue finalmente aprobada el pasado jueves 17 en el Pleno del Congreso. Una vez promulgada, las empresas que incurran en actos de soborno serán procesadas y finalmente sancionadas por un juez penal con medidas que van desde la multa (ascendente a las 1,700 UIT) hasta la disolución.

La fecha de su aprobación coincide con el requisito mínimo solicitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que el Estado peruano logre ingresar como miembro activo en la Comisión Antisoborno de este grupo internacional. Así, con el plazo a punto de vencer, pues solo se contaba con el resto del mes de marzo para impulsar la iniciativa, se consiguió el voto favorable por mayoría.

Según Eduardo Herrera, abogado especialista en Derecho Penal Empresarial, el proyecto no cuenta con las garantías necesarias para conseguir un efecto. «El Perú está acogiéndose a lo mínimo ahora. Es, efectivamente, un proyecto minimalista que solo generará más de lo mismo. No es un sistema real que contenga criminalidad o trasborde un sentido ético. Lo que las empresas necesitan es seguir un stándar comercial que establezca los requisitos para un sistema de cumplimiento (compliance)», explicó a LaLey.pe.

De otro lado, Herrera señaló que no es necesaria solo una norma para cambiar la conducta de las personas jurídicas, sino implementar todo un sistema de cumplimiento. «Lo que debe impulsarse es la autorregulación por parte de las empresas para que, por imitación, empiecen a internalizar una línea ética. Hace falta que las empresas tengan en claro establecer un propio sistema ético y responsable hacia adentro. Eso se consigue al seguir exigencias internacionales, estándares comerciales y también una norma que establezca requisitos», explicó.