Una reciente disposición de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema ha sentado siete reglas que serán aplicadas a fin de priorizar y acelerar la resolución de procesos presentados por personas mayores de 75 años.

El nuevo reglamento, que será de cumplimiento obligatorio para la instancia, también incluye en esta jornada extraordinaria de atención urgente a personas con enfermedades graves o terminales que acrediten su condición mediante un certificado médico.

Otro aspecto importante de esta directiva es que los abogados y litigantes cuyas impugnaciones no tengan sustento y solo pretendan dilatar los procesos, serán sancionados con multa. También se obliga a las instancias de mérito a tomar en cuenta los precedentes vinculantes y la doctrina jurisprudencial que hayan emitido tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema en esta materia.

Además, se fijan como horarios de atención especial las primeras quincenas de junio y julio de 2016, sobre las que se programará la solución de 800 causas por cada una y sin perjudicar la descarga procesal ordinaria de ambos meses.

De otro lado, la Sala dispone que los casos en los que se requiera el nombramiento de sucesores o curadores por fallecimiento, así como otros expedientes de contienda de competencia, consultas, quejas o no correspondientes a la competencia de la instancia, sean resueltos de manera inmediata. En cuanto a expedientes análogos, se precisa su selección para ser solucionados en serie, mientras que las causas tramitadas por Proceso Urgente, serán resueltas sin que intervenga el Ministerio Público para así evitar mayor retraso.

El dato

Como se recuerda, el informe La justicia en el Perú. Cinco grandes problemas, publicado a finales de 2015 por La Ley y Gaceta Jurídica, dio a conocer que la referida instancia es una de las que concentra mayor carga procesal en la Corte Suprema. Tan solo el 2014, la Sala recibió 9,043 causas, llegando a ingresar hasta 1,056 expedientes en noviembre, su mes más crítico. Para el año siguiente, 7,130 expedientes habían sido resueltos, pero 1,913 quedaron pendientes de fallo.