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Las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía, en general, que intervienen en las acciones de gestión del riesgo de desastres, debe promover la aplicación de un enfoque de derechos a favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres, mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los servicios e infraestructura de uso público afectados por estos.
Así lo dispone la Ley N° 30787, Ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas afectadas o damnificadas por desastres, publicada el sábado 09 de junio de 2018 en el diario oficial El Peruano.
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El enfoque de derechos implica el reconocimiento de todas las personas afectadas o damnificadas por desastres como titulares de derechos y el deber del Estado de promover, respetar y proteger los derechos humanos de dichas personas, propiciando su restitución en el más breve plazo.
Son considerados de atención prioritaria: los derechos a la vida, alimentación, salud, educación, vivienda, el acceso a la justicia y seguridad ciudadana, y protección del interés social y económico de las personas; así también, el acceso al agua y los servicios de saneamiento e infraestructura de transporte.
La referida norma señala que es deber del Estado brindar atención preferente a las poblaciones más vulnerables cuyos derechos hayan sido afectados por desastres. En tal sentido, se consideran personas en situación de vulnerabilidad de preferente atención a los niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con afectación severa de su salud física y emocional.
Por otro lado, la ley ha determinado que las autoridades e instituciones que vienen ejecutando procesos de reducción del riesgo, respuesta, rehabilitación y reconstrucción como consecuencia de las declaratorias de estados de emergencia o desastres de gran magnitud, incorporen en dichos procesos, dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la ley, y según corresponda, el enfoque de derechos señalado.
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