El pasado febrero, por Resolución de Superintendencia N° 061-2019-SUNAFIL se creó el Comité de Criterios en materia legal aplicables al sistema de inspección del trabajo, el mismo que tiene vigencia temporal hasta que se implemente el Tribunal de Fiscalización Laboral[1]. Su objetivo es analizar casos en los que existan criterios distintos en la aplicación de la normativa con la finalidad de unificarlos.

Esta iniciativa es importante pues la predictibilidad es la piedra angular de la seguridad jurídica. Generar certeza razonable sobre las decisiones de las autoridades es fundamental para nuestro país, no solamente en relación al trabajador que recurre a la inspección laboral sino en relación al empleador, y en general el inversionista.  

Mediante Resolución N° 110-2019-SUNAFIL, el citado Comité aprobó sus primeros criterios normativos, los cuales fueron comentados en este blog.

Y, recientemente, por Resolución N° 134-2019-SUNAFIL del 23 de abril de 2019, se han aprobado nuevos criterios normativos, que pasamos a comentar:

El tema tratado en el primer criterio es fundamental, pues la legislación en materia inspectiva dispone que el inspector laboral debe brindar una oportunidad al empleador para que subsane las presuntas infracciones detectadas antes de iniciar el procedimiento administrativo sancionador (requerimiento). Ello responde a la lógica de nuestro sistema inspectivo el cual busca corregir conductas antes que sancionar.

Sin embargo, en la práctica los inspectores conceden lapsos muy cortos cuando formulan la medida de requerimiento al empleador, por lo que la razonabilidad a la que apela el criterio normativo no generará una extensión automática del tiempo concedido para la subsanación. Ojalá así fuera, pues lo reducido del tiempo hace muchas veces inviable el cambio requerido por el inspector.

Por ello, exhortamos a los inspectores a conceder el plazo para la subsanación con criterios de razonabilidad, considerando el caso concreto, como se indica en el criterio.

Otro aspecto fundamental, que ha sido materia de comentario anteriormente[2], se refiere a la infracción del principio constitucional del non bis in ídem en el procedimiento inspectivo, situación que no se trata en estos criterios. Nos explicamos. Como es de conocimiento, las empresas vienen siendo multadas por el incumplimiento de la normativa sociolaboral detectado por SUNAFIL, y adicionalmente por no cumplir con el requerimiento formulado por dicha autoridad. En otras palabras, el inspector detecta un incumplimiento, otorga un plazo al empleador para corregirlo, pero si no lo hace se genera la doble multa: por no cumplir la norma sustantiva y por no acatar el requerimiento. Como sustento a favor de la medida se señala que se trata de dos infracciones distintas, la primera socio laboral y la segunda a la labor inspectiva. Discrepamos con esta medida de SUNAFIL y esperamos sea corregida pues, en realidad se multa al empleador dos veces por lo mismo[3].

En cuanto al tema N° 2, si el empleador demuestra haber cumplido con su obligación sociolaboral, o procedido a subsanar su omisión, debería reevaluarse la aplicación del 10% de la multa por infracción a la labor inspectiva[4].

Respecto al tema N° 3, resultaría improcedente la multa por la inasistencia a la citación a comparecencia si es que el inspector no señaló expresamente tal apercibimiento al momento de formularla. Este criterio recoge lo señalado en el artículo 70 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual dispone que en la notificación que contenga el citatorio a la comparecencia debe constar “el apercibimiento, en caso de inasistencia al requerimiento” (70.1.6). Añade la norma que, si el citatorio no contiene dicho requisito, no surte efecto, ni obliga a la asistencia de los administrados (70.3). Entonces, en cumplimiento de la Ley 27444, es fundamental que el citatorio indique que la consecuencia de no asistir a la comparecencia es la multa, de lo contrario el inspector no podrá sancionar al empleador. Es más, la asistencia a dicha diligencia no será obligatoria.