Enrique Bernales, reconocido experto en temas constitucionales, explica su posición crítica sobre la recientemente aprobada Ley Universitaria. Considera que se han otorgado demasiadas atribuciones a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), organismo creado por dicha norma y que sustituirá a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Es más, afirma que dichas competencias perfilan un modelo intervencionista.

Sobre el particular, señala que «la ANR ha tenido muchos errores y vicios, pero no se puede impedir que exista un organismo de rectores». Por ello, considera que la norma comete un grave error al omitir un mecanismo de coordinación e interrelación entre las universidades, como lo es la ANR, y que el modelo determine que todo esto se realice ahora a través de la Sunedu. «Es allí donde se presenta la visión intervencionista de la norma», afirma.

Argumenta también que la nueva Ley Universitaria lesiona directamente la autonomía universitaria. Así, considera que pese a que la norma, en un primer momento, declara que la universidad es autónoma, luego la misma norma borra la autonomía en el plano académico. «Quien define y decide cuál es el plan de estudios, cómo se elabora y aprueba, es la Sunedu. ¿En qué queda la autonomía que te da un artículo si en el artículo siguiente la norma dice que la Sunedu es la que manda?», reflexiona Bernales.

En opinión del constitucionalista, la Ley Universitaria no es inconstitucional ni viola la autonomía de las instituciones que pretende regular a través de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Más bien, esta servirá para regular y autorizar la creación de nuevas casas de estudios. Agregó que los miembros de la ANR sí buscaban autorregularse, pero nadie puede ser supervisor de sí mismo y por eso se ha optado por la fórmula de la Sunedu.

De una opinión contraria es el constitucionalista César Landa, para quien la Ley Universitaria es pertinente porque busca fomentar la investigación en las universidades y la formación de profesionales más capacitados. 

Explica que con este dispositivo se intenta corregir un problema histórico aparecido en la década de los noventa: el bachillerato automático, que se otorgaba sin necesidad de que los estudiantes elaboren proyecto de investigación alguno. “Con la actual ley se busca recuperar la identidad de las universidades como centros de formación, investigación y responsabilidad social”, afirma.

“Lo que se estaba fomentando eran profesionales sin preparación en la medida de investigación, no leían más allá de lo que significa aprobar una materia y los profesores tampoco lo promovían porque tampoco eran doctores ni magíster”, afirma Landa.

Además, aclara que no procedería una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley si es interpuesta por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), pues no tendría legitimidad procesal, según el artículo 203 de la Constitución.