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Viernes, 31 de julio de 2015 | Leída 7729 veces
LEY 'STALKER': DATOS DE TODOS LOS USUARIOS SERÁN ALMACENADOS POR 3 AÑOS

¿Por qué es inconstitucional la Ley de geolocalización?

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El Decreto Legislativo N° 1182 permite a la Policía, sin autorización judicial, rastrear la ubicación de los usuarios de smartphones y otros dispositivos móviles. Asimismo la norma prevé el almacenamiento de los datos derivados de las telecomunicaciones de los usuarios. Sepa Ud. por qué esta normativa resulta inconstitucional.

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¿Sabía Ud. que ahora la Policía podrá saber en qué lugar Ud. se encuentra gracias a su celular? Pues sí, los efectivos policiales podrán rastrear la ubicación de cualquier usuario de telecomunicaciones sin autorización judicial.

 

Todo ello debido al reciente Decreto Legislativo N° 1182 (publicado en El Peruano el 27 de julio), por el cual se regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación, también conocida como la Ley Stalker. Dicha norma prevé, entre otras cosas, dos mecanismos que permitirán acceder a la información privada de los ciudadanos, los cuales presentan serios cuestionamientos de constitucionalidad, pese a que insistan en negarlo diversos  funcionarios del gobierno. Veamos las razones:

 

1. ¿Por qué revelar la geolocalización de una persona, sin mandato judicial, transgrede el secreto de las comunicaciones?

 

La norma faculta a la Policía Nacional, sin necesidad de intervención de un juez, a solicitar el acceso inmediato de los datos de localización o geolocalización de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de naturaleza similar (llámese tablets, laptops, computadoras, etc.) de cualquier ciudadano. Estos datos suelen ser enviados de forma permanente por estos dispositivos, sean smartphones o teléfonos móviles tradicionales, lo cual  permite registrar la circulación de sus usuarios.

 

Dicho requerimiento policial se efectuará a las empresas concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones (Movistar, Claro, Entel) o a las entidades públicas relacionadas con estos servicios, las cuales están obligados a brindar los datos de localización o geolocalización de manera inmediata, las 24 horas del día de los 365 días del año.

 

Para que este pedido sea válido, la Policía deberá verificar que se cumplan estos 3 presupuestos: i) flagrancia delictiva, ii) que el delito investigado sea sancionado con pena superior a los 4 años, y iii) que el acceso a los datos constituya un medio necesario para la investigación.

 

Este procedimiento, por el cual se puede obtener la localización de un ciudadano través de los medios de comunicación sin mandato judicial, constituye una intervención desproporcionada en el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, protegido por el inc. 10 del artículo 2 de la Constitución.

 

Y es que si bien el artículo 6 de Decreto Legislativo N° 1182 declara que se excluyen los datos de localización o geolocalización del ámbito de protección del derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, lo cierto es que con el avance tecnológico, las “comunicaciones” no solo abarcan las transacciones realizadas por medios electrónicos (como las llamadas telefónicas, mails o mensajes de texto) sino que también comprende las interacciones o  actividades productos de esta como la identidad de las partes, información de rastreo de ubicación incluyendo direcciones IP y otros. Así lo establecen los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.

 

Cabe destacar que el Nuevo Código Procesal Penal también recoge esta figura, pero exige la previa autorización judicial. En efecto, en su artículo 230, dicha norma dispone que “los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones deben facilitar, en forma inmediata, la geolocalización de teléfonos móviles y la diligencia de intervención, grabación o registro de las comunicaciones que haya sido dispuesta mediante resolución judicial, en tiempo real y en forma ininterrumpida”. Con ello, podemos reafirmar las contradicciones e irregularidades que trae consigo el decreto legislativo, al permitir a la Policía solicitar la localización de equipos sin control judicial.

 

2. La retención de datos derivados de las comunicaciones violenta el derecho a la privacidad

 

La norma prevé un segundo mecanismo de control en su segunda disposición complementaria final. Se establece que toda empresa que brinde servicios públicos de telecomunicaciones deberá guardar los datos derivados de las comunicaciones de cualquier persona hasta por 3 años. Así, se precisa que estas empresas deberán conservar estos datos durante los primeros 12 meses en sistemas informáticos que permitan su consulta y entrega en línea y en tiempo real, y por 24 meses adicionales en un sistema de almacenamiento electrónico. 

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En este caso, la solicitud por parte de la Policía para que las empresas le entreguen estos datos sí necesitará de autorización judicial. Pero, ¿puede justificarse que se retenga y/o almacene esta información de los ciudadanos? La más reciente jurisprudencia sobre el particular sostiene que no.

 

En efecto, en abril del 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválida una directiva del parlamento europeo en la que se ordenaba la conservación de datos generados o tratados derivados de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones. Dicha corte señaló que la recopilación masiva de datos de ciudadanos constituía una interferencia particularmente grave de los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de los datos personales (Cases C‑293/12 and C‑594/12).

 

Igualmente, en junio de 2014, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe anual, aseveró que “toda captura de datos de las comunicaciones es potencialmente una injerencia en la vida privada y, además, la recopilación y conservación de datos de las comunicaciones equivale a una injerencia en la vida privada, independientemente de si posteriormente se consultan o utilizan esos datos”.


En nuestro país es la primera vez que se regula una norma expresa que apruebe la conservación de dichos datos hasta por 3 años que permitan al Estado su consulta o entrega inmediata. Pero, como podemos apreciar, el almacenamiento de esta información ha sido ya rechazada en la justicia internacional por violatoria de la privacidad de las personas.

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24 Comentarios
DANIEL MAX MORALES ORTIZ
Fecha: Lunes, 4 de enero de 2016 a las 14:32
SI ESTA BIEN YA QUE CON LA LOCALIZACION LA POLICIA PODRA RASTREAR A LOS EXTORSIONADORES Y SICARIOS, ASI COMO, EN CASO DE GENTE QUE ESTE A PUNTO DE SER SECUESTRADA O ATACADA Y LUEGO LA ENCUENTREN MUERTA O AGREDIDA POR ESTE SISTEMA PODRAN VER DONDE SE LOCALIZO POR ULTIMA VEZ , YA LA GENTE PUEDE ESCONDER SU TELEFONO CON LA ESPERANZA DE SER UBICADA EN CASO DE LA DELINCUENCIA ESPECIALIZADA EN SECUESTROS
Hombrehonrado
Fecha: Domingo, 16 de agosto de 2015 a las 00:50
Con este Dec Leg se le pide al gato que cuide los ratones.
Efrain Ignacio Abarca Quiroz
Fecha: Miércoles, 12 de agosto de 2015 a las 10:05
MI PREGUNTA ES: ¿DONDE QUEDA EL D.LEG.957, EL D.LEG. 989, EL D.LEG. 1148, EL D.LEG 052 LOMP, LA LOPJ, LA LEY 30076, 30077, ETC?, QUIERE DECIR QUE DICHAS NORMAS QUEDAN DEROGADAS O DEBILITADAS CON EL D.LEG 1182. LA SOLUCION ESTA FISCALIZANDO A LAS EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL, QUIENES TIENEN CARTA BLANCA PARA APERTURAR LINEAS DE TELEFONOS MOVIL, SIN CONTROL ALGUNO, ESTA INFORMALIDAD CREA ANTROS DEL VICIO COMO LAS MALVINAS, AV. WILSON, PARURO, Y OTROS; LAS EMPRESAS DE TELEFONIA, SON TAN DELINCUENTES QUE CUANDO SE LE SOLICITA INFORMACION SOLO ARROJAN DE TRES MESES ATRAS Y PIDEN QUE UN JUEZ LES AU
Sacha
Fecha: Miércoles, 5 de agosto de 2015 a las 15:26
X q tanto temor x el DL1182,no les cobiene a los corruptos y delincuentes etc.,
Raul
Fecha: Lunes, 3 de agosto de 2015 a las 12:48
Creo que debemos apoyar toda herramienta que permita la lucha efectiva contra la criminalidad. No debemos descartar el D.L. 1182, sino aportar ideas para mejorarla, si fuera el caso. Toda norma es perfectible, pero no podemos ser tan negativos y seguir en lo mismo, dejando que avance la criminalidad. Hay que hacer un balance y rescatar lo positivo de dicho decreto legislativo.
RUBEN
Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2015 a las 20:32
Simplemente, que se aplique el NCPP, todo acto de la policía, o Fiscal, que se convalide ante el Juez de Investigación Preparatoria, que tiene turno permanente, o sea las 24 horas, y se acabo el problema, porque pretender dar a la Policía Nacional, institución que tiene elementos que pertenecen a estas bandas de asaltantes, extorsionadores, y sicarios, una facultad tan amplia y sin restricciones, si se va combatir a la delincuencia, hagamos bien, y no hagan actos nulos, que impidan condenar, una mala investigación fiscal y policial genera impunidad.
Walter E. BRAVO TEJADA
Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2015 a las 13:02
Es uno de los pasos trascendentales en la lucha contra la criminalidad, es deber de la sociedad colaborar con los agentes del orden para poder ubicar, capturar y poner a buen recaudo de las personas que al margen de la Ley han creado en estado de zozobrosa constante e inseguridad a los ciudadanos que con tanto esfuerzo tratan de desarrollar sus actividades para el desarrollo de nuestro querido país. EL PERÚ. no seamos indiferentes, no hagamos criticas destructivas so pretexto de garantías o de protección de datos personales, lo que si queda claro es que no se mal utilice.
Luciano
Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2015 a las 11:49
Lo que debe hacerse, es que en la contratación del servicio de teléfonos celulares, conste que el servicio puede ser identificado y localizado por las autoridades, que en ella no se protege la privacidad, pudiendo ejercer este derecho en los teléfonos fijos u otro medio de comunicación. Que tenga la misma naturaleza que la comunicación por radio en onda corta
JOEL
Fecha: Domingo, 2 de agosto de 2015 a las 11:01
YO, creo que antes de haberse publicado esta norma, se debió analizar todas las formas de uso que se le puede dar a esta norma, por un lado la inseguridad, por otro lado éticas de los servidores del estado que tenga acceso a esta información y por otro lado la política. Después de haber leído todos los comentarios anteriores, creo que el estado tiene que imponer el principio de de autoridad con todas sus herramientas y poderes. sin hacer uso de esta norma.
MANUEL
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 22:24
El derecho a la vida y salud está por encima de los demás derechos. Lamento que en el debate legal, se priorice el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones, por encima del derecho a la vida. Para arrebatar lo que le costó mucho sacrificio obtenerlo, al delincuente no le interesa ni su vida ni su salud; y ¿Qué utilizan para cometer sus delitos? La tecnología de las comunicaciones. ¡CAMINEN POR LA CALLE Y PONGAN LOS PIES EN LA TIERRA SEÑORES!
Victor Zavala
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 22:22
Me parece que si uno es transparente (no tener acciones o negocios chuecos u oscuros) no tendríamos que preocuparnos por el contenido de nuestras comunicaciones, lo que si se tendría que proveer es sobre quienes mal intencionadamente accederian a esta información para darle un uso no autorizado del mismo, para lo que si seria necesario proveer sanciones más drásticas como medida preventiva y disuasiva.
mipuca
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 20:17
Me parece una buena iniciativa entendamos que los derechos fundamentales no son absolutos ni rígidos son susceptibles a ser oponible frente a otros derechos fundamentales, por esa razón debemos ser cuidadosos a la hora de valorar entre uno y otro derecho fundamental, en esta ocasión veremos que el derecho a la privacidad de subsume ante la seguridad ciudadana , el orden público y el estado en su rol amparizatorio de la sociedad como un interés público, por ello me parece una solución de muchos.
poggie
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 20:15
mee parece genial esta norma .
julian
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 17:18
Nose por que algunos disque especialistas no estan de acuerdo con esto,,, si lo que se quiere es ubicar a los delincuentes en el acto... o quieren seguir protegiendoles ... no entiendo,,,, y no veo nada de malo que ubiquen a otras personas,.. si no haces nada de malo... o tanta tonteria por una autorizacion del juez... pues pongan a un juez en la empresa telefonicas pa ke autorice al toque...}
Manuel Lucas
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 15:36
Tanto melodrama, yo viví en Ayacucho, por os años 1979 hasta el 208, y de allí estoy entre Lima y Ayacucho. Nosotros hemos tenido intervenidos, chequeados sin ninguna orden judicial ni "derechos humanos constitucionales", todo eso sólo es para las ratas congresistas y leguleyos que tienen rabo de paja. A mi me chequearon, me siguieron como a muchos, pero si no tienes nada sucio, si están actuando correctaente dentro de lo manda la legislación del estado que nos gobierna, por más que no nos guste. No pasa nada, no te van inventar cosas. Hay una exageración que favorece a la delincuencia
nedifka
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 13:57
los extorsionadores tiene derecho a quedarse en oculto??? la solucion me parece exagerada pero a estas alturas las opciones son escasas, esperemos que esta ley tenga un efecto mas positivo que los comentarios tristes y burocraticos del columnista...
ED
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 11:57
Como nunca me siento complacido con una norma como esta, quienes se rasgan las vestiduras, es porque no les conviene, simplemente eso. Una persona correcta y honesta no tiene ningun problema en ceder parte de sus derechos en beneficio del bien comun y lucha contra la delincuencia, eso de que hay corrupcion o se van a corromper los respetables miembros de la PNP que sacrifican su vida, tiempo y esfuerzos para tratar de darnos tranquilidad, son sencillamente COJUDECES, que siga adelante y a la m... la supuesta inconstitucionalidad, lo que interesa es el bien comun y la lucha contra el delito.
Miguel
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 11:13
¿Injerencia en la vida privada? Que te metan un tiro en la cabeza a ver si vas a estar en desacuerdo con ésta medida
Ricardo Avila
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 09:59
Si queremos combatir la inseguridad ciudadana,, para bienestar del pais, ALGO TENEMOS QUE HACER. Y me parece que ese algo es el D.L. 1182. Si se necesita el Juez, pongamos al juez o jueces disponibles las 24 horas del dia, pero no eliminemos le Geolocalizacion, ademas como siempre habran personas corruptas que vendan esta informacion, penalisemoslos con penas muy severas de 25 o mas años de carcel por vender esta informacion, entre otras medidas, pero NO ELIMINEMOS LA GEOLOCALIZACION, en estos momentos es importantisimo para que el delito disminuya.
Santiago
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 09:53
Desde mi punto de vista, y como efectivo de la PNP es una norma que facilita a esta institución para la ubicación y captura de los delincuentes que tanto daño hacen a nuestra sociedad y a la imagen de este hermoso país, pero claro esta que debe de ser muy controlada y sustentada. Creo que no hay otra forma de poder combatir esta lacra social porque no es necesario el incremento de la pena para los delitos o el incremento de policías en las calles, tan solo se necesitan buenos investigadores y herramientas para poder luchar contra estas organizaciones.
Wilson
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 09:51
Quien nos garantiza que existira honestidad y etica en la policia, al poder contar con informacion de indole familiar, economico, de negocio, vida privada y personal con 1ra, 2da, 3ra, etc de personas y que esto se sustraiga y se filtre a periodistas, comun. sociales, delincuentes, policias, militares, politicos, fiscales y jueces o magaly, que no tengan etica, aumentarian las coimas a todo nivel y las personas desearian telef analogos, se afectarian las emp de telecom, por desercion de usuarios q no desen ser posibles intervenido. Esta informacion es dulce q volvera diabeticos a muchos
Alvaro Lopez Cazorla
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 09:41
El gobierno en su afán de luchar contra la ausencia notable de inseguridad, no ha dado ejemplo de transparencia y autenticidad, ha hecho mal uso de los servicios de inteligencia. Esta norma puede ser mal utilizada por el gobierno contra sus enemigos políticos. El rastreo telefónico sin orden judicial nos priva de la libertad de las comunicaciones y la certeza jurídica de nuestra privacidad. Atenta contra los derechos humanos g fundamentales de la persona.
Carlos Soderstrom
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 09:06
Cabe mencionar que uno de los principios de las leyes europeas de protección de datos indica que los diferentes datos generales de los usuarios, no deben ser concentrados, recopilados o almacenados en un solo lugar, esto debido a que si este lugar es vulnerado podría contener toda la información de un usuario.
Rolando
Fecha: Sábado, 1 de agosto de 2015 a las 00:36
La norma es necesaria en estos tiempos de extrema criminalidad. En lugar de criticarla, sugieran desde su conocimiento del tema, que debiera corregirse o perfeccionarse.

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