A través de un comunicado emitido en la web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos funcionarias de la entidad expresaron su preocupación ante la aprobación de la Ley No. 30723, «Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el Departamento de Ucayali».

En el texto, Antonia Urrejola, Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, consideran que la aplicación de la referida ley podría afectar las áreas naturales protegidas, reservas indígenas, y reservas territoriales para pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial.

Como se recuerda, la Ley No. 30723 fue promulgada el pasado 22 de enero de 2018, pese a la oposición del Ministerio de Cultura y de la Defensoría del Pueblo.

En el documento se hace un llamado al Estado de Perú a respetar el marco legal interno de respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el país, establecido en la Ley N°29785 «Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios».

«Es esencial que cualquier proyecto de construcción o de mantenimiento de infraestructuras  que pudiera afectar a comunidades indígenas se realice en plena conformidad con el marco jurídico nacional en Perú, y el marco jurídico internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas, incluidos procesos adecuados de consulta previa, libre e informada,» afirman las dos expertas.