“Me consta que esos libros de visitas existían”

La exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y actual congresista, Rosa Mavila, aseguró que sí vio los registros de visitas perdidos, del 2003 al 2010, del Establecimiento Penitenciario de Lima – ex San Jorge–, cuando visitó este penal durante su gestión.

“A mí me consta que estos libros existían. Cuando estuve en el cargo, jamás tuve una denuncia ni información de presunta pérdida de registros”, señaló a laley.pe

En ese sentido, para Mavila, quien fuera titular del (INPE) durante julio del 2006 y febrero del 2007, la pérdida de los registros de visitas al San Jorge de siete años, es un hecho “escandaloso” que debería investigarse concienzuda y responsablemente.

“No era un solo libro. No estamos ante la pérdida de una hoja de cualquier registro. Estos se hacen en libros de actas que, como sabemos, cada hoja tiene un número. Cuando se extravía una sola, se abre un proceso de investigación. Si se pierden tres libros de registro de visitas en 10 años, estamos perdiendo treinta”, explicó la parlamentaria de Acción Popular-Frente Amplio.

Según relata la congresista, el registro de visitas durante el periodo de internamiento de Óscar López Meneses registra tres momentos al ingresar a un establecimiento penitenciario. El primero, en la puerta principal; el segundo registro es en ‘la rotonda’, un ambiente intermedio entre el acceso inmediato a la puerta de calle y al lugar donde están los internos. Y el tercero, en el propio ingreso al pabellón.

Cada vez que una gestión culmina, existe un procedimiento para hacer entrega de los cargos. Parte de ese mecanismo de entrega, es transferir los libros de visitas. El jefe de seguridad se lo da a la nueva gestión. Es más, en cada cambio de jefe de seguridad a otro, se entrega la documentación, entre ellos, la relación de registros.

NO HAY DIGITALIZACIÓN

En el 2005, el entonces jefe del INPE, Wildredo Pedraza, anunció la digitalización de los registros de visitas a los penales del Perú como parte de la planificación de un programa penitenciario con el objetivo de evitar las pérdidas de los mismos. Durante la gestión de Mavila –al año siguiente–, se inició la implementación de esta tecnología, empezando por el penal de máxima seguridad Piedras Gordas en Ancón.

Actualmente, el registro de los visitantes a los establecimientos penitenciarios se basa en la buena fe. Es decir, no hay un criterio que garantice la veracidad sobre a qué interno se está visitando. La idea era establecer una visita inteligente, que registraba la foto y la huella digital de la persona que ingresaba al penal. De esa forma, el visitante no podía conducirse a otro lugar que no sea donde se encuentre el interno por el que se ha registrado.

Sin embargo, este avance tecnológico no se cumplió –explica Mavila– por razones de naturaleza presupuestal.

Para la congresista, se debe avanzar en digitalizar los registros de los penales y de internos que purgan condena. Así, considera, se podrán correlacionar y establecer los presuntos vínculos que naturalmente habría entre una visita y un preso.

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

José Luis Pérez Guadalupe, actual jefe del INPE, señaló en conferencia de prensa que se iniciará una investigación para determinar dónde están los libros perdidos. “Hay una infracción. Debe haber una pesquisa seria y de acuerdo con eso, sin encubrimientos, se deberá encontrar qué jefe de seguridad puede dar cuenta de la recepción de registros en ese periodo de tiempo”, precisó la congresista miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Normativamente, es el jefe de seguridad y el subdirector de cada penal, quienes se responsabilizan de todo el acervo documentario en materia de registros. No es función del presidente del INPE hacer un seguimiento de los registros de visitas de cada establecimiento, indicó Mavila.

Además, consideró como “jalado de los pelos” pedir la renuncia o la interpelación del ministro de Justicia, Daniel Figallo, por esta presunta pérdida porque –dijo– con este criterio tendría que encargarse de todas las circunstancias fácticas de la gestión pública en su cartera.