Hace dos días, el blog Utero.pe reveló que el ex juez Malzon Urbina iba a cobrar S/. 20 mil mensuales a los comerciantes de La Parada por sus servicios como abogado privado para tres tareas: «denunciar a los responsables de la Municipalidad de Invermet por la comisión del delito de usurpación; presentar una acción de amparo contra el debido proceso administrativo y llevar a cabo un proceso de privatización del Mercado Minorista”.

Urbina señaló a El Comercio que se acordó ese monto –S/.12.50 por cada uno de los 1600 comerciantes– luego de una negociación a cambio de que lo apoyen con la recolección de firmas para una posible candidatura presidencial.

En declaraciones a ese mismo diario confirmó que será el defensor de los comerciantes enfrentando con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML): “Les dije que cobraba una inicial de S/. 500 por persona pero me pidieron un trato especial porque se iban a poner la camiseta” para conseguir su objetivo.

Cabe recordar que en abril del año pasado, el extitular del 56º Juzgado Penal con Reos Libres, en una polémica sentencia, falló a favor de los comerciantes y contra el municipio limeño. Urbina sostuvo en ese entonces que la MML no podía convertir en un parque el terreno donde se levanta La Parada porque fue donado por un ciudadano para que funcione como Mercado Mayorista.

En junio del 2013, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en una decisión por unanimidad, no ratificó a Malzon Urbina como juez y este fue retirado del Poder Judicial. Dos meses después, el abogado anunció sus aspiraciones para llegar a Palacio de Gobierno, precisamente en compañía de los comerciantes.

Sin embargo, ser patrocinador de esta causa infringe el Código de Ética de los colegios de abogados. El artículo 21 de este reglamento señala textualmente que “cuando un abogado deje de desempeñar la magistratura o algún otro cargo público, no debe aceptar el patrocinio de asunto del cual conoció su carácter oficial”. Es decir, Malzon no debería ser la defensa de los comerciantes debido a que ya falló sobre este caso cuando fue el titular del 56º Juzgado Penal para Reos Libres.

La Ley N° 29277 de la Carrera Judicial no indica cuáles son los parámetros temporales para que un juez que deja la magistratura pueda desempeñarse como abogado de una de las partes.

Esta falta de regulación, que puede solucionarse con una nueva legislación, debería ser uno de los pendientes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Que un ex juez defienda una causa que conoció debería ser ilegal, así ya no pertenezca a la administración pública. Es preciso llenar ese vacío.