Los jueces superiores de Lima se han declarado en rebelión contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que encabeza el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza. ¿El motivo? La decisión del Consejo Ejecutivo de crear la Corte de Lima Este, con sede en Chaclacayo, a costa del presupuesto y los órganos jurisdiccionales de Lima.

El detonante de este enfrentamiento, fue la resolución del Consejo Ejecutivo de anular la recomposición de salas efectuada el martes 13 de mayo, por el presidente interino de la Corte Superior de Lima, Juan Carlos Vidal Morales, y prohibir a partir de ahora y hasta diciembre del 2014, que el titular de Lima pueda recomponer juzgados y salas, sin la aprobación previa de los consejeros.

La decisión de Vidal Morales había puesto en peligro el juicio a Fujimori, pues incluyó en los cambios a la jueza Avigail Colquicocha, cuando en ese tribunal ya hubo antes un cambio de magistrados. Si se cambian dos jueces en un proceso en trámite, este se quiebra porque se pierde el principio de inmediatez .

Ese error pudo ser rectificado tranquilamente por Vidal Morales, como al final lo hizo, aclarando que si bien se cambiaba de ubicación a Colquicocha, ella debía seguir viendo el juicio para evitar que se quiebre. La otra posibilidad era esperar el retorno del presidente titular de la Corte, Iván Sequeiros, que se encontraba de vacaciones y se reincorporaba el jueves 15 de mayo.

Sin embargo, tal parece que el Consejo Ejecutivo quiso aprovechar las críticas que había generado ese cambio para imponer la creación de Lima Este y de paso maniatar a los “belicosos” jueces superior de Lima, empezando por su presidente, que ya no podrá reconformar tribunales, una tarea que ahora queda en manos del Consejo Ejecutivo.

Ante esta situación, Vidal Morales, con el conocimiento de Sequeiros, convocó para el jueves último, día en que retornaba a sus labores, una Sala Plena para evaluar el tema. Para ese momento ya había surgido un nuevo problema, los cambios dispuestos por Vidal habían entrado en vigencia y las 48 horas que rigieron, los jueces emitieron sentencias y resolvieron pedidos de libertad, que al haberse anulado los cambios, ahora no se sabe en qué situación quedarán.

Además, había un par de magistrados que se estaban reincorporando de licencias o porque venían de la Sala Penal Nacional y ahora, han quedado en el aire, sin ubicación hasta que el Consejo Ejecutivo decida.

Manzana de la discordia I: traslado de jueces a Lima Este

Pero, volviendo al meollo del lío, todo esto comienza con la promesa de campaña de Enrique Mendoza de crear la Corte de Lima Este y, según ha trascendido, también la Corte de Lima Oeste, que se empezaría a implementar en agosto. Sin embargo, no logró que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe un presupuesto para crear esas cortes.

Entonces, según diversas fuentes a las que tuvo acceso Laley.pe, presionado por Mendoza a encontrar una solución, al nuevo gerente general del Poder Judicial, Jaime Gómez, se le habría ocurrido tomar órganos jurisdiccionales de la Corte de Lima. De acuerdo con el proyecto de creación de la nueva Corte de Lima Este, esta necesita 87 órganos jurisdiccionales: 56 juzgados especializados, 28 juzgados de paz y 3 salas especializadas.

Con los juzgados de paz no hay problema porque son los que ya existen en Ate, La Molina, Agustino, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Lurigancho. Algunos juzgados especializados civiles ya existen en esa jurisdicción y el resto, al igual que las salas superiores, se tomaron de la Corte de Lima.

El Consejo ha dispuesto que dos juzgados civiles de Lima: 4°, 7°, 18° y 24° pasen a Lima Norte, como juzgado civil de La Molina, juzgado de trabajo de San Juan de Lurigancho, un juzgado penal y el otro seguirá siendo civil.

También se dispuso el traslado de seis juzgados penales y la mitad del Juzgado de Turno Permanente. Pasarán a Lima Este con mobiliario y personal el 10°, 22°, 26°, 39°, 41° y 56° Juzgados Penales. El Consejo Ejecutivo se preocupa de tomar juzgados que no tienen juez titular nombrado, que se podía oponer al traslado.

Igualmente, decidieron trasladar tres juzgados constitucionales, el 1°, 6° y 10°, aunque esto luego lo han dejado sin efecto, porque no son necesarios, aún. Luego, les tocó el turno a las Salas Superiores: La 1° Sala Penal de Reos en Cárcel, la 5° Sala Penal de Reos en Cárcel y la 7° Sala Civil de Lima.

Sin embargo, se trasladan con su personal y mobiliario, pero no con sus expedientes. Esto supone, dicen en la Corte de Lima, que 20 mil procesos judiciales quedan abandono y tendrán que redistribuirse en los juzgados y Salas que quedan en Lima, que ya están saturadas de expedientes y tendrán ahora más trabajo. La redistribución tomará unos tres meses, en que los casos quedarán sin atender.

Es en ese momento que surge al Consejo Ejecutivo la rebelión de los jueces. Los jueces superiores titulares de Lima no están dispuestos a irse a Lima y no los pueden obligar. La ley les garantiza inamovilidad en el cargo y la jurisdicción en la que han sido nombrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Manzana de la discordia II: sillón de Sequeiros

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que el presidente de la 7° Sala Civil de Lima, Oswaldo Ordoñez, y presidente también de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, fue una de las caras visibles de la última huelga de jueces y es uno de los precandidatos a suceder a Iván Sequeiros en la presidencia de la Corte de Lima, lo que se haría muy difícil si lo obligan a pasar a Lima Este.

¿Quiere influir el Consejo Ejecutivo en la próxima elección, diciembre del 2014, del nuevo presidente de la Corte Superior de Lima? Es una pregunta que los jueces se hacen. Juan Carlos Vidal Morales, presidente la 5° Sala Penal de Reos en Cárcel, también destinada a Lima Este, y de igual modo es un potencial candidato.

La Sala Plena de la Corte Superior de Lima acordó respaldar la decisión del Consejo Ejecutivo de crear la Corte de Lima Este, pero exigirle que su implementación se realice con “criterios técnicos previamente definidos, debidamente presupuestados, y respetando la respectiva Ley de creación, a fin de no afectar el normal funcionamiento de las Cortes ya existentes”.

Además, que para ello el Poder Ejecutivo otorgue el presupuesto necesario, pues lo que se hace ahora genera problema con 20 mil expedientes “que quedarán sin atención al tener que ser redistribuidos entre los órganos jurisdiccionales que quedan, incrementándose la carga procesal de estos últimos con la consecuente dilación procesal y perjuicio a los justiciables”.

Por último, rechazan las resoluciones del Consejo Ejecutivo que anularon los cambios y prohíben los cambios y exhortan a su presidente Iván Sequeiros a seguir ejerciendo las atribuciones que le reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que incluye rotar magistrados en las Salas, lo que no puede, dicen, desconocerse con una resolución administrativa.