Esta reforma legislativa le permitirá al exmonarca, aparentemente, estar más allá de la justicia común, y esto se sabrá cuando el legislativo apruebe definitivamente su aforamiento. Con esto, las posibles acusaciones a Juan Carlos serían vistos por el Tribunal Supremo de Justicia, al igual que a toda la su familia.

Esta decisión legal se produjo después de la abdicación, el pasado 19 de junio, cuando varios abogados vieron la oportunidad de retomar viejas pretensiones para alegar la presunta responsabilidad de Juan Carlos en varias actuaciones, incluido casos de paternidad.

Por parte de la oposición, el aforamiento es visto como un privilegio que protege a una élite de políticos y diplomáticos, algo que es objeto de controversia en el país ibérico. Y además denunciaron que esto se ha hecho de forma “precipitadamente, con mal procedimiento legislativo y falta de consenso”.

Una vez aprobado por el Congreso, la reforma se remitirá al Senado donde podrá aprobarse el 9 o 10 de julio, entonces se publicará en el Boletín Oficial del Estado, desde aquel momento será efectivo el aforamiento de los miembros de la familia Real.