Las últimas modificaciones impuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial han generado problemas en la jurisdicción capitalina. Como indica el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Iván Sequeiros Vargas, la desactivación de 87 órganos judiciales producida en abril perjudica la labor de los jueces y la expectativa de eficiencia por parte de la ciudadanía al condensar la carga procesal en las salas y juzgados que no fueron reubicados. 

Para ello, el magistrado solicita que se creen salas nuevas, consecuentes a la cantidad de casos que se atienden en la capital.  “Tan solo el trámite para distribuir un expediente a cada órgano judicial limeño toma entre 2 y 5 meses, una demora adicional a las demoras procesales que actualmente existen”, advierte.

Consultado sobre el incremento de jueces provisionales que eso implicaría, el magistrado afirmó que es un problema menor y temporal para subsanar una necesidad pública en la Administración de Justicia. Sin embargo, es necesario recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura – organismo encargado de nombrar y ratificar magistrados – ya mantiene su propia carga laboral por falta de presupuesto para las convocatorias, por lo que el cubrimiento de nuevas plazas jurisdiccionales ya se presenta como un constante reto.

A su vez, Sequeiros sostiene que este problema también genera inconvenientes al personal que se encontraba laborando en las salas extintas: “Los trabajadores de esos órganos judiciales desactivados tienen la opción de desplazarse a las nuevas zonas o, de lo contrario, quedarse sin empleo. No se les puede tratar como muebles”.

Estándares sin criterio

Además de la desactivación de salas, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha establecido las cantidades de expedientes que deben ser vistos por cada órgano jurisdiccional. Sin embargo, no se conocen los fundamentos sobre estas decisiones. “Solamente se ha publicado que cada órgano judicial especializado debe revisar cierta cantidad de casos. Lamentablemente, esto se establece a nivel de toda la República cuando las realidades judiciales son distintas en cada zona”, criticó Sequeiros.