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La hora de la sentencia a Fujimori por los «diarios chicha»

La hora de la sentencia a Fujimori por los «diarios chicha»

Queda poco tiempo para conocer el dictamen que emitirá la Corte de Lima respecto del controvertido caso del que es acusado el expresidente Alberto Fujimori. Cabe señalar que dicho fallo no supondrá variación alguna sobre su ya preexistente condena en razón a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Aquí un recuento sobre los momentos más importantes que anteceden a la hora final de este proceso.

Por Redacción Laley.pe

martes 6 de enero 2015

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Escribe: César Romero

Después de un año, dos meses y 20 días de audiencias, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictará sentencia a Alberto Fujimori por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas para la campaña de reelección del año 2000, lo que incluyó pagos a medios de prensa escrita, en que se le conoce como el caso de los “diarios chicha”.

La Fiscalía ha pedido que se le imponga una condena de ocho años de prisión por delito de peculado, cometido al supuestamente aprobar y ordenar el desvío al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de 122 millones del presupuesto ordinario y de “gastos reservados” de la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra y los Ministerios de Guerra e Interior.

Fujimori es el último procesado por estos hechos, en comparecer a juicio. En 2005, el Poder Judicial ya condenó a otras 29 personas por el desvío de fondos, entre ellas el ex asesor Vladimiro Montesinos, los ex generales Elesván Bello y José Villanueva y diversos publicistas, dueños y directores de los diarios chicha, por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.

«Hay pruebas y testimonios más que suficientes que acreditan la comisión del hecho delictivo, esto es el desvío de fondos públicos para la compra de la línea editorial de los llamados “diarios chicha” y, por tanto, la responsabilidad de Alberto Fujimori, creo que la conclusión a la que debe arribar el tribunal es a una sentencia condenatoria», afirmó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

El abogado de IDL resaltó un testimonio del excomandante general de la FAP Esleván Bello Vásquez quien declaró que al principio dudó del pedido de Montesinos para transferir dinero al SIN por lo que llamó al presidente Fujimori y éste lo reprendió, confirmó la orden y le dijo que su asesor estaba encargado de implementarla.

Por su parte, el exprocurador Julio Arbizu consideró que debe haber condena en los términos que plantea la fiscalía porque los hechos ilícitos que se atribuyen a Fujimori están probados.

«Primero están los hechos probados en la sentencia inicial donde fueron condenados los dueños de los diarios chicha y jefes de las Fuerzas Armadas. Allí se establece como verdad jurídica que hubo desvío de fondos públicos y que se pagó  a los dueños de los diarios chicha», argumentó.

Arbizu explicó que lo único que faltaba era saber quién dio la orden. «Por lo que se ha desarrollado en el juicio y en la etapa previa de investigación queda demostrado que la orden vino de Fujimori, que él sabía del desvío del dinero y los pagos por las portadas», subrayó.

Los jueces

La primera audiencia fue dirigida por las juezas Aissa Mendoza, como presidenta y directora de debates, Carolina Lizárraga y Avigail Colquicocha. En enero del 2014, la doctora Lizarraga fue reemplazada por la jueza Victoria Sánchez Espinoza, que asumió la presidencia del tribunal y la dirección de debates. En mayo del 2014 hubo otro cambio, de la doctora Colquicocha, pero fue anulado porque el juicio hubiera tenido que volver a comenzar.

Sánchez, Mendoza y Colquicocha dictarán el jueves 07 la sentencia. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior Milagros Mora Balarezo, aunque más intervino el fiscal adjunto.

Por la procuraduría, estuvo al inicio el ex procurador Julio Arbizu, quien logró la ampliación de la extradición por este caso. Ante su renuncia, lo reemplazó Joel Segura, actual procurador titular. A través de la procuraduría, el Estado ha señalado que pretende que Fujimori pague una reparación civil de 144 millones de soles por este caso.

«¡Es una exageración!», ha dicho el abogado defensor, William Paco Castillo Dávila. Recordó que Fujimori ya tiene una condena de seis años de prisión por la compra de la línea editorial del diario Expreso y del desaparecido Cable Canal de Noticias, donde se le impuso una reparación civil de S/. 24’060.216.

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Castillo ha recusado a las juezas y pretendió que este juicio sea visto por un tribunal especial de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó ambos planteamientos, permitiendo que el juicio continuara.

El ‘doc’ 

Entre las principales pruebas aportadas por la Fiscalía está todo lo actuado y la sentencia emitida por la Primera Sala Penal Especial en el juicio a Vladimiro Montesinos y dueños de los diarios «chicha». Ese expediente fue vital en el proceso de ampliación de extradición.

En el actual juicio, el 6 de junio del 2014, Montesinos se negó a declarar. El ex asesor presidencial adujo que era inculpado y que no estaba obligado a declarar como testigo. Pero, en el anterior proceso que concluyó en enero del 2005, declaró que Fujimori le ordenó contactar a los “diarios chicha” para resaltar su imagen de gobierno, minimizar los errores y atacar a los opositores políticos.

“Cuando se ingresa al año 1999, a la campaña preelectoral y electoral, se abre un nuevo grupo de trabajo por disposición del señor presidente Fujimori, para cuyo efecto el almirante Rozas Bonucelli diseñó e implementó en las propias instalaciones del SIN un Puesto de Comando de Reelección donde (…) desde el mes de octubre de 1999 hasta el 28 de mayo del 2000 asistían diariamente los señores Ricardo Winitzky  de la agencia Causa, Saul Mankevich de Mayéutica (..). En este equipo de trabajo se elaboraban diariamente los titulares por Ricardo Winitzky y Saul Mankevich quienes lo sometían a consideración de todos los asistentes (…), luego con esos titulares semifinales el declarante recababa la misma opinión a Daniel Borobio Guede y Vicente Silva Checa (…) quienes elaboraban  el proyecto de titulares y con esos dos elementos se consultaba al presidente Fujimori, quien daba sus sugerencias u ordenaba el tipo de titulares que debían salir, el tiempo por el cual deberían de mantenerse o cuándo debían de interrumpirse”, afirmó Montesinos.

La secretaria personal y los ladrillos de dinero

En mayo del 2014 declaró la ex secretaria personal de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi. Ella aseguró que Fujimori sabía de los pagos e incluso que se le entregaba parte del dinero que se desvió de las Fuerzas Armadas, tanto en Palacio de Gobierno, como cuando pernoctaba en el SIN.

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«En el SIN había dos maletines, uno blanco, que tenía María Angélica Arce para hacer pagos a diferentes entidades públicas; y otro, negro, que era para ‘el caballero’, como llamábamos al presidente (Alberto Fujimori). De ese maletín sacábamos el dinero que llevamos a Palacio de Gobierno”, afirmó Pinchi Pinchi.

Luego detalló: «cuando Fujimori llegaba al SIN, donde tenía una suite y se quedaba a dormir una noche o todo el fin de semana, Montesinos me pedía las hojas donde anotábamos los ingresos y salidas del dinero, para ir a rendirle cuentas. (…) El doctor también me pedía dinero para llevar a la suite. Cuando eran 500 mil dólares o más, le entregábamos el dinero en un maletín; cifras más pequeñas, 100 mil, 200 mil, que son dos ladrillos de 100 mil cada uno, entran en un sobre de manila», precisó.

El teléfono encriptado

El capitán Mario Ruiz Agüero, ex secretario de Vladimiro Montesinos, también confirmó la existencia de Comando de Reelección en el SIN donde se reunían los jefes de las regiones militares Luis Chacón Málaga, Abraham Cano Angulo, Luis Sotero Navarro, Antonio Ibárcena, Elesván Bello Vásquez, Fernando Dianderas, César Saucedo, José Villanueva Ruesta, Humberto Rosas Bonucelli, los ex ministros Alberto Bustamante y Alberto Pandolfi, y otros.

Igualmente, sobre el desvío de fondos declaró que eran varias las personas que llevaban dinero al SIN: desde 1999 al 2000, los directores de Economía del ministerio de Defensa, del Ejército, la FAP, la Marina… Todos movilizaban dinero del Estado.

¿El ex presidente Fujimori conocía de los tratos con la prensa chicha? Le preguntaron y respondió: Fujimori llamaba para conocer los titulares de la prensa chicha. Sabíamos quién era porque llamaba a un teléfono encriptado que solo él utilizaba.  Entonces, Montesinos les pedía alcanzarle los borradores de los titulares y se los leía. Algunas veces disponía cambiar los titulares, porque los propuestos no le gustaban.

La defensa

En su defensa, el expresidente Alberto Fujimori ha negado haber autorizado y tener conocimiento del desvío de los fondos para la campaña de reelección. “Estos usos indebidos se dieron fuera de mi control y ajenos totalmente a mi conocimiento, además es humanamente imposible que yo hubiera estado pendiente en la totalidad de la administración pública”, dijo el ex presidente, en su alegato final de defensa, el 29 de diciembre último.

Igualmente, dijo que incluso no quería un tercer periodo de gobierno. “En el fondo, aunque algunos no me lo crean, yo no tenía la intención de ejercer un tercer periodo presidencial. (…) La historia me dará la razón. Solo luego de coordinar en Lima y Nueva York con Francisco Tudela para que aceptara la primera vicepresidencia, a condición de que yo, al cabo de unos meses, renunciaría, fue cuando recién inicié la campaña del año 2000”, afirmó.

Agregó que él no es el autor en lo más mínimo de los actos delictivos de este proceso, ni de ningún otro. “¿Qué pruebas se han exhibido acá? ¿Alguna orden escrita? ¿Algún indicio material?”, afirmó. También señaló que el supuesto comando de campaña que operó en el SIN en realidad era una “Sala para el golpe de Estado contra el chino” y que se complotó para colocar a Carlos Boloña como presidente de la República.

El Tribunal evaluó toda esta situación y ya tiene el veredicto que conoceremos en las próximas horas. La condena o absolución no supone un cambio en la situación carcelaria de Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de homicidio calificado, secuestro y lesiones graves por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

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