Construir o remodelar las cárceles del país, así como implementarlas de seguridad exterior o gestionar su mantenimiento serán algunos de los servicios que podrán brindar las empresas privadas en los próximos meses ya no solo por concesión, sino también a través de contratos de asociación público-privado con el Estado.

Así lo dispone el Decreto Legislativo Nº 1229, publicado el viernes 25 de setiembre, que declara de interés público y prioridad nacional el fortalecimiento de la infraestructura y los servicios penitenciarios.

Según establece la norma –que precisará de un reglamento a emitirse en un plazo de 90 días hábiles para ser aplicada– las empresas que firmen contratos con el sector encargado del sistema penitenciario podrán invertir en los rubros de infraestructura, tratamiento y seguridad, así como encargarse de funciones administrativas relacionadas a la alimentación, limpieza, mantenimiento, lavandería, control de plagas y material logístico y tecnológico en los centros de reclusión.

En materia de seguridad, las empresas prestarían solo servicios de seguridad exterior, equipamiento, control e ingreso de visitas e implementación para internos adictos.

Estas disposiciones serán fiscalizadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que podrá acceder las 24 horas del día a la información concerniente a la participación de los inversionistas privados.

Decreto Legislativo Nº 1229