El proyecto de nuevo Código Penal continúa sin consenso. El esperado debate en el Pleno del Congreso programado para el jueves 12 de mayo quedó suspendido para la próxima semana por falta de acuerdos sobre el nuevo texto sustitutorio. Según el presidente del Congreso, Luis Iberico, la discusión se retomará con las observaciones recientemente enviadas por el Poder Ejecutivo.

A propósito, LaLey.pe conversó con Rosa Mavila, congresista y abogada penalista, para conocer sus opiniones respecto de la polémica propuesta que ya ha recibido las críticas de diversos especialistas.

La parlamentaria sostiene que el proyecto carece de una verdadera política criminal y advierte que su desproporción en las penas vulnera el Estado de Derecho. Por tanto, Mavila, quien además es miembro titular de la Comisión de Justicia del Parlamento, señala que la iniciativa no debe aprobarse en esta legislatura, pues requiere de una revisión más técnica.

¿Por qué no debe aprobarse el proyecto de nuevo Código Penal tal y como está redactado?

Porque se ha aplicado una técnica legislativa errónea, pues se pretende adicionar proyectos de leyes especiales a la sistemática del Código Penal. Por otro lado, no ha habido debate público ni participación de los representantes de Justicia. Pero, principalmente, porque se propone a partir de la desproporción en el sistema de penas con una posición conservadora e incoherente sobre la doctrina penal. Yo rechazo esta orientación ultrapunitiva porque va en contracorriente al desarrollo del Estado democrático de Derecho. Es tan solo una iniciativa que corresponde a una política coyuntural y no a una política criminal verdadera.

¿Cuál es su opinión en cuanto a las penas que se prevén para el aborto en todas sus formas?

Tengo críticas muy serias sobre la propuesta en torno al aborto. Se ha incrementado la pena en todos los supuestos de hecho, cayendo en el error de confundir el Derecho con las “conductas morales”. Yo considero que todo tiene que adecuarse a los tiempos, contextos y situaciones y la lógica de un Código Penal no puede estar ligada a las ideas sobre lo que es moral o no, mucho menos al momento de imponer parámetros de pena. Eso va en contra de los criterios básicos de la ciencia penal. [La congresista] Marisol Pérez Tello sostiene que las penas que se han planteado en algunos casos son de trabajo comunitario, es decir, benignas. Pero, independientemente de la naturaleza de la pena, si una conducta es catalogada como delito, es cuestionada socialmente y esa no debe ser la motivación de un Código Penal.

¿Qué otros delitos considera que no han sido lo suficientemente analizados por la Comisión?

Por ejemplo, existe una orientación de criminalizar más la apropiación del patrimonio que la vulneración a la integridad de las personas. Con esto me refiero a la parte que sanciona con menor pena la violación sexual que el robo y el asalto. Por otro lado, se prevé, increíblemente, que el genocidio es menos grave que el sicariato y que, por tanto, corresponde imponer menor pena al primero. También estoy en contra de la propuesta de reducir el margen de edad para la responsabilidad penal de los menores infractores, así como de la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los jóvenes. Otra situación increíble es que se elimine la sanción al notario en el delito de usurpación, avalando y despenalizando así la participación del notario en el tráfico de tierras.

De ser rechazado el proyecto, ¿considera que su contenido deberá descartarse para la próxima legislatura?

Yo creo que el proyecto es un punto de partida válido, un borrador que podría ser revisado con la acuciosidad debida y necesaria en la próxima legislatura. De ninguna manera debe descartarse, sino considerarse los puntos críticos y mejorarlos.

También considero que, de ser aprobada la ley, no debería establecerse su aplicación al día siguiente de ser publicada, como lo dice ahora el proyecto. Los legisladores del Partido Popular Cristiano, que son los principales defensores de esta iniciativa, argumentan que la ley no supondrá costos para su aplicación y que, por tanto, deberá aplicarse ni bien se publique. Eso no es verdad. Yo creo que una reforma integral al Código Penal siempre requerirá de un periodo previo para su aplicación o vacatio legis a fin de capacitar a los operadores de justicia penal.