El magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori al considerar que existe una grave sospecha sobre la creación de una presunta organización criminal dentro de Fuerza Popular con el propósito de cometer delito de lavado de activos.

Durante la lectura de su decisión, Concepción Carhuancho calificó como “idónea y proporcional” la medida solicitada por la fiscalía, en la medida que existen graves y fundados elementos probatorios que permiten incriminar a Keiko Fujimori como la cabecilla de una organización paralela que se introdujo al interior del partido fujimorista con el propósito de lavar un millón de dólares recibidos por la cuestionada empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011. El amgistrado refirió que Fujimori Higushi era «la mujer del escritorio que estaba maquinando para este aparato [criminal] y daba las órdenes”.

Asimismo, en lo referente al peligro procesal, que no es necesario que se acredite tanto el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación, sino que basta que se verifique alguno de estos dos elementos.

A continuación, subrayó que Fujimori Higuchi sí tiene arraigo domiciliario, familar y ocupacional. Sin embargo, según señaló, eso no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia. Además, refirió que sí existe peligro de fuga por la gravedad de la pena a imponerse, la magnitud del daño causado y los antecedentes de obstaculización de la actividad judicial. Todo ello, a criterio del magistrado judicial, acredita fehacientemente que existe un real peligro de fuga, por lo que sí se acreditaría el peligro procesal.

«Es intenso el peligro de fuga en el caso de Keiko Fujimori», refirió el magistrado. Además, señaló que el blindaje que  ha realizado la agrupación política que lidera Fujimori Higushi a favor del exjuez supremo Hinostroza Pariachi acredita el grado de interferencia que podría generarse en la actuación de la justicia.

Igualmente, el mandato de prisión preventiva también se sustentó en el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Concepción Carhuancho sustentó este punto de su decisión en casos en los que la cúpula de Fuerza Popular, presidida por Keiko Fujimori, manipuló y coaccionó a diversos testigos para que declaren de una forma contraria a la verdad. 

Así, el juez también citó el ya famoso chat «La Botica» para argumentar que esto evidenciaba cómo se impartían directivas para proteger al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y blindar al ex juez supremo César Hinostroza. Esto, llevó a Concepción Carhuancho a afirmar que la organización criminal liderada por Keiko Fujimori quería capturar el sistema de justicia para sus propios intereses.

Del mismo modo, remarcó que, por indicación de Fujimori Higushi, la presunta organización criminal por ella liderada trató de acercarse a algunos testigos clave para que cambiaran de versión y no la incriminaran. Es el caso de Liz Documet y Liulith Sánchez Bardales, quienes denunciaron haber sido coaccionados para no decir la verdad sobre sus presuntos aportes a la campaña presidencial fujimorista del 2011.

Todo ello, en opinión del magistrado Concepción Carhuancho evidencia que la investigada podría eludir la justicia, máxime si la pena a imponerse podría oscilar entre los 10 y 13 años de prisión.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez había realizado el pedido de prisión preventiva, al considerar que Fujimori Higuchi era la cabeza de una organización criminal instalada al interior del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) para lavar dinero proveniente de Odebrecht, por el monto aproximado de un millón de dólares.

Ese dinero se habría intentado justificar mediante cócteles, rifas y falsos aportantes quienes habrían declarado haber dado dinero que no poseían. La audiencia se prolongó por cerca de una semana y se queda a la espera del resultado del resto de los investigados.