La historia de la corrupción en el Perú ha estado asociada, históricamente, a la corrupción de la administración pública. Como recuerda Carlos Ramos Núñez, “…el Estado nacional ha sido concebido durante décadas como una inmensa torta de la cual los poderosos han buscado obtener una tajada, gracias a la complicidad de sus funcionarios públicos…”. Guano, salitre, caucho, petróleo, harina de pescado, azúcar, algodón, oro, cobre y gas, entre otros, han sido así recursos traficados impunemente por quienes tenían el deber de proteger el interés común de todos los peruanos.

En este orden de cosas, el ingreso a un cargo público era visto como una oportunidad para enriquecerse, lograr contactos, ubicar a familiares y cobrar favores, antes que para labrarse una carrera y aportar al desarrollo del país. No hacerlo así llevaba a ser tildado de “cojudo”, como diría el gran Sofocleto, como cojudo era también el que “no la sabía hacer” y se dejaba “agarrar” por la justicia. Lamentablemente, este no es un modelo abandonado sino bastante actual: “La plata llega sola”, “Roba pero hace obras”, entre otros dichos que se tornan muy populares y parecen ser normas aceptables en buena parte de nuestra sociedad, dando fundamento incluso a la elección de alcaldes y otras autoridades públicas.

Este sustrato cultural e institucional que alimenta la corrupción es algo que debe ser combatido con firmeza si queremos consolidar los avances económicos y sociales logrados en los últimos años. Ello pasa necesariamente por un cambio radical en la concepción y perfil de nuestros funcionarios públicos, tanto de aquellos servidores de confianza y de carrera como los que resultan de elección popular. El uso de los cargos públicos para beneficio privado debe dejar de ser algo socialmente tolerado, sea el encargado de una ventanilla que nos puede ayudar con un trámite, el alcalde que contrata a su amigo para el arreglo de una pista, o el ministro que otorga contratos millonarios para favorecer a alguien de su partido.

Si bien el Estado peruano ha mostrado avances en dicho rumbo –como la dación de Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley No. 27815) y el fortalecimiento de las Procuradurías Anticorrupción- aún resta mucho por avanzar, especialmente en el caso de las autoridades de elección popular. Como señalamos en una columna anterior, una alternativa para controlar las decisiones de estas autoridades es apelar al control y la vigilancia ciudadana, pero ello no será suficiente si no logramos que estas autoridades asuman también un compromiso personal para combatir la corrupción.

A nuestro entender, ello pasa por concebir a la autoridad y al funcionario públicos como un “gestor público anticorrupción”. ¿Qué implica esta idea? En primer lugar, la idea de “gestor” apunta a que la gestión del funcionario sea hecha a partir de un marco de integridad, respetando estrictamente la ley y sus ámbitos de competencia, así como las normas éticas vigentes para el servicio público. Asimismo, implica asumir buenas prácticas para dicha gestión, que le otorguen tanto eficiencia como transparencia a sus acciones y decisiones.

En segundo lugar, el adjetivo “anticorrupción” alude a la implementación dentro de la institución, área, dirección u oficina a su cargo de mecanismos adecuados de control que acompañen al gestor en la toma de decisiones para prevenir e impedir cualquier uso o abuso. Para ello, debe promover que los funcionarios y servidores bajo su mando apliquen dichos mecanismos y asuman un compromiso igualmente personal de no usar sus cargos para provecho personal, evitando cualquier conflicto de interés. Asimismo, debe permitir y facilitar que los ciudadanos puedan solicitar información sobre sus acciones, sin que ello sea visto como algo negativo o perturbador.

En tercer lugar, la autoridad o funcionario públicos deben convertirse en aliados estratégicos a favor de la integridad en su sector y en el Estado en general, buscando a su vez otros aliados estratégicos con los cuales articular para lograr dicho objetivo. Por ejemplo, debe participar de manera activa en la formulación de directivas o protocolos sectoriales para la mejora del control interno; debe participar, de ser posible, de las Comisiones Regionales Anticorrupción que existan en sus jurisdicciones; debe también capacitarse y capacitar a su equipo de trabajo en prácticas antisoborno, compliance y buenas prácticas corporativas, etc.

Finalmente, al gestor público anticorrupción no debe temblarle la mano en caso de detectar algún hecho de corrupción dentro de su línea de mando. Para ello, debe tener la capacidad de identificar los riesgos que pueden presentarse en sus áreas u oficinas, especialmente si éstas están a cargo de la contratación de servicios u obras públicas, así como verificar el cumplimiento de plazos y términos de referencia. También debe tener la capacidad de evitar cualquier ofrecimiento o intento de corrupción por parte de proveedores y contratistas, e incluso de cualquier amenaza de violencia que se haga para favorecer a aquellos.

En este marco, la Contraloría General de la República es un aliado estratégico importante y vital para construir y fortalecer a los gestores públicos anticorrupción. Para la CGR, el interés está centrado en las nuevas autoridades regionales y locales recientemente electas. Para ello, no dudará en aplicar, como ya lo ha venido haciendo, capacitaciones especialmente diseñadas para entrenar a dichas autoridades para un ejercicio de gestión pública eficiente, eficaz y transparente, esperando continuar dicha tarea con los principales funcionarios que trabajarán en estas instituciones una vez que asuman el mando.

Estamos frente a una tarea de largo plazo, dirigida a refundar el prestigio de la administración estatal sobre bases más sólidas y recuperar paulatinamente la confianza ciudadana hacia sus autoridades y funcionarios. Concepciones como “roba pero hace obra” deben ser desterradas de una vez por todas de la cultura peruana, de modo tal que eficiencia e integridad ya no sean vistos como algo disociado sino como términos complementarios, donde uno no puede darse sin el otro. Para ello todos debemos participar, sea desde dentro como desde fuera del aparato estatal, manteniendo el sueño de convertirnos en la gran nación que celebraremos el 2021.

[*] Abogado y doctor en Derecho. Secretario general de la Contraloría General de la República.